Contraloría General de la República de Chile
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El Contralor General, Ramiro Mendoza, dictó la conferencia inaugural del seminario "Procedimiento administrativo y Contratación administrativa. A diez años de las leyes 19.880 y 19.886", organizado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y con el patrocinio de la Contraloría General, entre otras instituciones.
El encuentro, efectuado este jueves 12 de septiembre en el Aula Magna "Manuel José Irarrázaval", se inició con las palabras del Vicedecano de la mencionada facultad, Carlos Frontaura; y contó en su primera parte con la conferencia magistral del profesor de la Universidad de París, Étienne Picard, quien abordó "La densificación normativa en el Derecho Administrativo".
Contempló también dos paneles, referidos a los mencionados cuerpos legales, donde oficiaron de moderadores los profesores Gabriel Bocksang Hola y José Luis Lara Arroyo; con las intervenciones de los académicos Alejandro Vergara Blanco, Fabián Huepe Artigas, Claudio Moraga Klennerm y Eduardo Soto Kloss; además del Subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn Cordua; el director de ChileCompra, Roberto Pinedo Banderas; la relatora del Tribunal Constitucional, Katerina Abarca Muñoz; la jefa de la División Jurídica de Dirección ChileCompra, Trinidad Inostroza Castro; el secretario abogado del Tribunal de Contratación Pública, Felipe Olmos Carrasco; y la subjefa de la División de Auditoría Administrativa de la CGR, Dorothy Pérez Gutiérrez.
La parte final contempló la presentación del libro "Procedimiento administrativo y Contratación Pública. Estudios a diez años de la entrada en vigencia de las Leyes 19.880 y 19.886", a cargo de la presidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña Torres; y del jefe de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Sebastián Soto Velasco.
En su ponencia, el Contralor general se refirió esencialmente al ámbito del Derecho Público y explicó que se ha transformado en un Derecho de "nichos", que promueve el culto al especialista y deroga tanto el sentido común como los principios generales de la disciplina.
Esta nueva concepción implica, además, la existencia de un gran número de reglamentos que cada vez son más difíciles de entender y analizar desde el punto de vista sistémico, problema que afecta a los ciudadanos, a los propios órganos a quienes las normativas están destinadas e, incluso, a las entidades que originaron dichas regulaciones. Se suma el incremento del rol interpretativo que reparticiones de la Administración hacen de la norma, lo que muchas veces los lleva a colocar este elemento al servicio del Estado y no de la persona humana, señaló.
La conferencia del jefe de la CGR incluyó una detallada revisión de los principales cambios jurídicos registrados en el primer ciclo de vida institucional del país. En este punto señaló que primaron los temas de Obras Públicas, sin renovaciones jurídicas fundamentales y que, a contar de la segunda mitad de 1920, la normativa comenzó a robustecerse para dar cuenta de los conflictos sociales emergentes. El gobierno comenzó a tomar un rol activo, iniciándose el modelamiento de una institucionalidad descentralizada, en concordancia con el artículo N° 107 de la Constitución de 1925, añadió.
En las últimas décadas se produjeron importantes cambios relacionados con la Administración y su organización, cuyo propósito es incentivar la descentralización y mencionó como ejemplo la autonomía constitucional que, a contar de 1980, tienen los municipios, debido a las nuevas disposiciones incluidas en la Carta Fundamental de ese año.
Luego planteó que el enorme y diverso mundo de leyes y reglamentos que dan vida al Derecho Público lo han densificado y vuelto mucho más complejo, en lugar de aliviar el marco normativo de funcionamiento estatal. Las razones están en los orígenes de los acometimientos legislativos, la desviación existente entre las políticas públicas y los cambios jurídicos, la existencia de una técnica legislativa inapropiada y la falta de compromiso de las universidades con el Derecho Público.
En su reflexión, trató las posibles causas para que el Derecho Público sea desconocido pese a su relevante rol. Las casas de estudio tienen mucha responsabilidad, dijo, ya que han demostrado no saber imprimir en los futuros profesionales una inquietud vocacional hacia el servicio público y prefieren abrir "una cadena larga de diplomados, cursos y ofertas convocantes a los efectos de generar una especialidad". En otras palabras, "transformamos el conocimiento en un nicho de retención y no de vocación", comentó.
