Estrategia
El Congreso aprobó el proyecto que establece procedimientos para otorgar concesiones eléctricas, y el Presidente de la República presentó un veto supresivo para eliminar aspectos relacionados con la consulta indígena del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y lo referido a las áreas silvestres protegidas. Sin este veto ¿Qué falencias tiene la ley?
—Sin perjuicio de que es bueno precisar que la Cámara aprobó el veto pero el Senado la rechazó, el efecto es el mismo: el proyecto de ley de concesiones no tendrá mención alguna sobre el tema del convenio 169, la consulta indígena y las áreas silvestres. Esto no quiere decir que esté en contra de resguardar estos aspectos, sino que el proyecto tenía la falencia en explicitar en la ley algo que va en un camino paralelo en nuestra institucionalidad: el establecer el momento y los estándares de la consulta indígena. En este momento se está terminando un reglamento que permite precisar la forma en que el Estado de Chile cumplirá con la consulta. Entonces cuando son otras leyes las que figuran estableciendo parámetros puede haber un conflicto en la legislación. El tema del convenio era evitable pues se entiende que está a nivel de tratado internacional y que no es necesario que en cada ley de la República se explicite.
—¿Se logra modernizar la norma considerando el nuevo escenario regulatorio con demandas de mayor seguridad de suministro, la entrada de las Energías Renovables no Convencionales (ERNC) y los Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD) que el país requiere impulsar.
—Siempre lo dijimos en su tramitación. Este es un proyecto jurídico y no eléctrico. Esa lógica costó que se entendiera. El tema de las ERNC se resolvió en el proyecto "20-20" que está para ser votado en la sala del Senado. Acá lo que se buscaba era evitar que las concesiones duraran 6 veces el plazo en su tramitación debido a que habían cosas obsoletas a nivel de notificaciones, por ejemplo. Pero no hay que confundirse, la excesiva judicialización de los proyectos hizo también necesario precisar cuáles causales de reclamo correspondían al tema eléctrico y cuáles no. Y en eso este proyecto contribuirá de manera decisiva.
—Usted hablaba de cuellos de botella del proyecto referidos a la información del proceso concesional y el riesgo de la judicialización con fines dilatorios ¿Se resolvieron esos puntos?
—En su gran mayoría sí, acotar causales de reclamo, quitar la consulta indígena de este proyecto, pues la obligación de consulta sigue vigente y perfeccionar las notificaciones para evitar tener proyectos detenidos pues falta notificar a una sola personas, o la facultad de acceder a los predios con la ayuda de la fuerza pública una vez otorgada la concesión, son avances decisivos.
—¿Qué conclusiones plantea para la reflexión?
—Aún falta una mirada de Estado colaborativa para abordar los aspectos energéticos muchos de los cuales requieren inevitablemente perspectivas legislativas. Hay un vacío de liderazgo para tomar la agenda sin perjuicio que hay que reconocer que este Gobierno ha logrado acuerdo en dos importantes materias: la concesión y el 20-20. Pero si el debate energético se "electoraliza" por decir de alguna manera, no tendremos avances sustantivos en buenos meses más. Y eso es malo para todos.
Recuadro :
Carretera Eléctrica
—¿Qué desventajas existen al no tramitar en conjunto la ley sobre carretera eléctrica?
—Es una desventaja sin duda, pues la carretera está ligada al tema de "por dónde pasará esa carretera". Para eso la concesión es importante. Sin embargo, no nos confundamos: hoy se requiere urgente precisar procedimientos administrativos que impiden que se genere una adecuada inversión en el sector transmisión. Y eso este proyecto lo ataca. En otras palabras, este proyecto de concesiones es una urgencia jurídica y administrativa, el otro proyecto requiere una mirada en otra perspectiva. Los resultados están a la vista. Si se tramitaran juntos aún no tendríamos una sola votación en una de las Cámaras.
