El Mercurio
Mañana el Gobierno espera dar un paso más en la modificación del Sistema Procesal Penal, enviando al Senado el conjunto de indicaciones concordadas con el senador de RN Alberto Espina que buscan dar más facultades a policías, fiscales y jueces, en materia de investigaciones y prisiones preventivas.
Sin embargo, las indicaciones han levantado algunos cuestionamientos de parte de expertos y actores del sistema, pues dichas observaciones podrían, según su opinión, vulnerar algunos derechos constitucionales.
"Si bien algunas de las ideas son inocuas, en cuanto explicitan facultades que jueces y policías ya tienen, hay otras que resultan sumamente preocupantes porque cuestionan principios básicos del sistema y adolecen, incluso, de problemas de constitucionalidad", sentenció el abogado Julián López, miembro de la Comisión Asesora Presidencial que trabajó las modificaciones al Código Procesal Penal sugeridas al Ejecutivo. Dicha mesa de trabajo inició sus funciones en octubre del año pasado y elaboró las bases consideradas por La Moneda para impulsar "la reforma a la reforma".
Sin embargo, hay miembros de la instancia que consideran que las indicaciones finales, elaboradas por el senador RN Alberto Espina y concordadas con el Gobierno, "van en el sentido exactamente opuesto a las propuestas de la comisión", tal como argumentó el abogado Jorge Bofill.
"La unanimidad de los miembros concluyó -en diciembre de 2012- que el principal déficit del sistema es una falta de capacitación de las instituciones policiales y de su coordinación con el Ministerio Público. Así las cosas, que hoy el senador Espina aparezca promoviendo exactamente lo contrario -modificar la ley, para 'mejorar' el sistema- es francamente incomprensible", aseguró Bofill, detallando que "las reformas que se proponen son de muy dudosa constitucionalidad o francamente, inútiles".
Bajo la misma línea, Claudio Uribe, presidente de la Asociación de Fiscales, afirma que las indicaciones son "modificaciones cosméticas, pues muchas de las ellas ya ocurren en la realidad" y agregó que este proyecto "lo único que hace es darnos más obligaciones, pero no más medios para combatir los delitos".
Práctica y ejecución
Una de las consideraciones que mañana entrarán a la Comisión de Constitución del Senado tiene relación con las facultades que adquirirían las policías para obtener información desde otros organismos. A juicio de la directora ejecutiva de la fundación Paz Ciudadana, Catalina Mertz, será esta observación la que puede tener más problemas de implementación.
"En términos generales, tenemos grandes desafíos de análisis criminal y de cómo compartir información entre las instituciones, pues es sabido que las policías no comparten sus bases de datos", explicó Mertz, quien sin embargo cree que ciertas indicaciones "van en la línea correcta", pero que algunas requerirán una atención particular en su articulado concreto.
"La descripción todavía es bastante genérica y el efecto que tienen las normas depende mucho de las palabras precisas que se incluyen en una artículo. Así que algunas propuestas van a tener un debate normativo y legislativo más importante que en otras, como son las relativas a la prisión preventiva", dijo.
Ese y otros aspectos del proyecto son observados de manera positiva por José Francisco García, miembro de la Comisión Asesora Presidencial y Coordinador de Políticas Públicas del Instituto Libertad y Desarrollo.
"Estas reformas serán relevantes si las nuevas atribuciones van acompañadas de mayor capacitación a las policías y una mejor coordinación con los fiscales. Si no se avanza en esos frentes, es muy difícil que los resultados que se buscan con las reformas tengan sentido", señaló.
En tanto, el defensor nacional, Georgy Schubert, considera que las indicaciones "van en la misma línea de anteriores modificaciones al Código Procesal Penal", pero manifiesta su preocupación por sus resultados: "No conozco evidencia que dé cuenta que ese tipo de reformas haya servido para reducir la comisión de delitos o mejorado las pruebas para establecer la responsabilidad en los mismos", indicó.
Otra de las observaciones contenidas en la propuesta del Gobierno alude a facilitar la detención de un imputado confeso, asunto que para muchos expertos debería ser complementada con otros elementos.
"Deben existir otros antecedentes además de la sola confesión, los que deberán ser revisados por los jueces a la hora de controlar la legalidad de la misma", advirtió la académica de la Universidad Católica y experta en Derecho Procesal Penal, María Elena Santibáñez, concluyendo que más facultades para la policía "puede resultar bastante riesgoso sobre la vulneración de garantías de los ciudadanos".
Propuesta
El grupo de indicaciones será presentado hoy por el Gobierno ante la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.
El trabajo de la comisión
La Comisión Asesora Presidencial para la Reforma del Sistema Procesal Penal inició sus labores en octubre del año pasado para ayudar al Gobierno a generar el respectivo proyecto de ley.
La instancia estuvo compuesta por el senador RN Alberto Espina, el diputado UDI Edmundo Eluchans, la ex directora de Paz Ciudadana Javiera Blanco, el abogado Juan Domingo Acosta, el coordinador de políticas públicas de Libertad y Desarrollo, José Francisco García, y los abogados y académicos Cristián Maturana, Julián López y Jorge Bofill. Además, quien es hoy ministra de Justicia, Patricia Pérez.
Con un conjunto de 44 propuestas emanadas de esta mesa de trabajo, el Gobierno despachó un proyecto al Senado en enero de este año.
