La Segunda
En días recientes se ha dado a conocer una nueva Encuesta de Victimización Paz Ciudadana-Adimark. Uno de los indicadores relevantes dice relación con la evaluación del desempeño policial. Si bien, en principio, la evaluación de los encuestados es relativamente positiva llegando a nota 5 —y en relación a las siempre negativas de fiscales y jueces, quienes obtienen en julio de 2013 notas de 3,8 y 3,2, respectivamente—, preocupa el que baje a 4,6 cuando estamos ante víctimas de delitos. En esta materia, hay mucho por hacer.
En primer lugar, hoy existe escasa coordinación entre los fiscales y las policías —sumamente relevante a la hora de proponer y evaluar estrategias de persecución criminal—, como en cuestiones más prácticas respecto a las primeras diligencias investigativas frente a la comisión de un determinado delito y en donde se juega, en definitiva, la capacidad del sistema de dar respuestas a las víctimas. Es una de las ineficiencias y problemas prácticos que contribuyen en gran medida a generar franjas de impunidad, y se constituyen en el antecedente de por qué un fiscal terminará archivando un caso haciendo uso de sus términos facultativos.
Es por lo anterior que destacan en esta materia (aunque se complementan con medidas legislativas): la implementación de una Base Unificada de Datos (BUD); el establecimiento de metas e indicadores comunes entre el Ministerio Público y las policías, para con ello propender, según la comisión, a lograr casos "judicialmente resueltos" y no sólo "policialmente resueltos"; y el establecimiento de un nuevo parte policial (usando medios tecnológicos) para hacer más simple y ágil la entrega de información desde la policía a los fiscales, lo que debe ser complementado con un parte que entregue información de calidad.
En segundo lugar, existen desafíos relevantes en capacitación. Ello requiere implementar talleres prácticos sobre primeras diligencias —sobre la base del "Manual de Primeras Diligencias" del Ministerio Público—; generar jornadas de capacitación interinstitucional a nivel regional; y revisar planes de estudio y mallas curriculares de las policías, generando espacios para distinguir entre la formación de los funcionarios que realizan labores de prevención y aquellos que se dedican a la investigación.
Finalmente, y en el largo plazo, cabe repensar otro aspecto relevante de la organización policial: vincular los salarios, premios y ascensos en la carrera policial al desempeño de los funcionarios policiales (evaluación por desempeño). La información que entrega el STAD hace posible avanzar en esta dirección.
