Revista Electricidad
Con un ceremonia que contó con la participación del ministro de Energía Jorge Bunster, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, y el decano de Derecho de esa casa de estudios, Roberto Guerrero, se dieron por inauguradas las XIII Jornadas de Derecho de Energía, las que este año tuvieron como foco el análisis de las implicancias que posee para el sector la creciente judicialización de las iniciativas energéticas.
El decano Roberto Guerrero insistió en la necesidad de buscar soluciones prácticas a los desafíos que afronta el sector energético, por medio del encuentro entre la academia, la industria y las autoridades.
Junto a lo anterior, el académico advirtió sobre un activismo judicial que se observa en el plano ambiental, debido a que se observa como ciertos jueces han comenzado a actuar más como reguladores por medio de dictámenes en proyectos emblemáticos, lo que puede terminar entregando mayor complejidad a la dinámica del sector eléctrico y que ha redundado en una gran cantidad de iniciativas paralizadas.
En este contexto, el abogado Luis Cordero explicó que menos del 0,1% de los proyectos se judicializa en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aunque de ese porcentaje el 61% corresponde a iniciativas energéticas.
Junto a lo anterior, resaltó que el diseño institucional tiene restricciones seriasen materia de regulación de recursos naturales, lo que afecta a los proyectos energéticos, y que dichas omisiones normativas terminan presionando el subsidio del SEIA.
Por otra parte, la abogada Patricia Núñez hizo hincapié en la relevancia de encauzar la participación ciudadana y la consulta a las comunidades por medio del SEIA, sea que se trate de EIA o DIA. Además propició que el contencioso administrativo ambiental sea resuelto por la institucionalidad especializada en dicha materia, como es el caso de los tribunales ambientales.
Roles y constitucionalidad
En el marco de la jornada, que reunió a autoridades, ejecutivos y a participantes de diversos estudios de abogados, se realizó una revisión de los fundamentos que presenta la normativa eléctrica, destacándose las potestades de las diversas entidades del sector, como es el caso de la Comisión Nacional de Energía, los Centros de Despacho Económico de Carga, y el propio Panel de Expertos.
Junto a lo anterior se conformaron instancias de debate respecto a las implicancias que posee para sectores como el de la generación, transmisión y distribución la actual normativa, abordándose aspectos relativos por ejemplo a la forma en que la Ley General de Servicios Eléctricos establece el mecanismo de entrega de las servidumbres, o el grado de constitucionalidad y aplicabilidad del Artículo 16, que considera compensaciones por interrupción o suspensión de suministro no autorizado en conformidad a la ley y a los reglamentos.
