Diario El Pulso
PAGAR con cárcel o asegurar un buen testimonio para investigar los casos de colusión. Ese es el debate que llegó para quedarse tras el fin de la arista penal del caso farmacias, el cual cerró uno de los casos más bullados de la justicia chilena con una serie de multas y con clases de ética empresarial para los imputados.
Según la directora del Consejo de Libre Competencia de la UC, María Elina Cruz, la discusión sobre cuál es la mejor fórmula para mantener a raya la colusión no es nueva. Sin ir más lejos, fue uno de los elementos centrales que fueron discutidos en la Comisión Asesora Presidencial para la Defensa de la Libre Competencia, mesa convocada por el presidente Piñera, y que hasta la fecha no ve plasmados sus resultados en ningún cuerpo legal.
¿Considera que el caso farmacias fue bien abordado en materia penal y administrativa?
Yo creo que fue mal abordado desde el principio, básicamente porque no se incluyeron a los laboratorios. Según el dictamen del TDLC, desde un principio se estableció que la forma que tenían las farmacias para ponerse de acuerdo era través de los laboratorios. Además, los laboratorios cumplían la función de avisar a las cadenas en caso que no se cumplieran los arreglos pactados, por eso acá hubo un error al no incluirlos.
¿Por qué no se puede perseguir ahora a los laboratorios?
Cuando la Corte Suprema confirma las multas en el caso farmacias hace algunos meses, al final de la sentencia dice que se devuelva el expediente a la fiscalía para que se persiga a los laboratorios, pero legalmente eso es imposible porque ya está prescrita la acción.
¿Los laboratorios se salvaron de pagar sus responsabilidad?
Podríamos decir que los laboratorios la sacaron barata en este caso. Eso por decir lo menos. Acá los laboratorios fueron tan parte de la colusión como las farmacias. ¿Tal vez había poca experiencia previa para afrontar este tipo de casos?
El caso farmacias es interesante, ya que se generó una delación compensada donde no había ley, que fue un acuerdo entre un abogado y la fiscalía; así comenzó este caso. Antes del caso farmacias, el tribunal había acogido medidas aisladas, pero la Corte Suprema las había revocado.
¿A su juicio, qué motiva el ingreso del Ministerio Público a este tipo de casos?
Tal vez Chahuán quiso entrar a la palestra; todos quisieron subirse al carro de las farmacias. Por lo demás, la Fiscalía Penal entró por un artículo muy malo que es el 285, que contempla una sanción muy baja y de paso nos mató las posibilidades reales de implementar una delación compensada en Chile.
¿Si la Fiscalía seguía adelante con el caso, había posibilidades de triunfar?
Yo creo que hubiera perdido de todas maneras si seguía adelante con el juicio. Es un delito muy mal hecho y con 21 días de cárcel, en el cual indudablemente hubiera resultado ser pena remitida. Además, considero que en nuestro país se ha perdido un poco el temor por las penas de cárcel.
Pero en 2003 se eliminó la pena de cárcel en la ley de Libre Competencia.
Efectivamente, se eliminó el tema penal y se creó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En 2009 se promulgó la Ley de Delación Compensada y la facultad inclusiva. La OCDE, hasta ese minuto, nos había criticado mucho como país, porque no teníamos casos de colusión sancionados y necesitábamos más pruebas y evidencias de que existían esos carteles. Chile adoptó la delación compensada, pero la introdujo como una ley muerta.
¿A su juicio, qué elementos deben ser prioritarios?
Tal vez la cárcel puede ser disuasiva, pero en mayor medida para empresas extranjeras. En este tipo de casos, creo que lo óptimo sería que el Fiscal Nacional Económico sea el que lleve el caso también en la arista penal, así evitamos la duplicidad de funciones en casos que atenten contra la libre competencia.
¿Se ha propuesto esto antes?
Sí. Se ha propuesto en varias ocasiones. Se propuso extender la pena de cárcel y también se propuso extender las atribuciones del fiscal nacional económico. Así se evita que dos personas hagan el mismo trabajo. Tras la audiencia del caso farmacias, parlamentarios anunciaron aumentar las penas por los casos de colusión, ¿va por ahí la solución?
Endurecer las penas no sirve de nada, porque no encontraremos ninguna otra colusión sin delación compensada, entonces, seguiremos usando el ejemplo de las farmacias y los buses hasta el fin de los tiempos. En todas las legislaciones, cuando la fiscalía abre un caso de colusión, existe la posibilidad de allanar, interceptar comunicaciones, etc. Bajo ese escenario, las empresas se ponen nerviosas y comienzan a entregar información, se delatan. Es una causa efecto.
¿Es realista sacar el tema con el fin de favorecer la delación compensada?
Cuando estuve en el Congreso discutiendo este tema, parlamentarios de derecha e izquierda nos dijeron que no pueden sacar la arista penal, me dijeron que era un suicidio político. Si no se puede sacar la cárcel para la colusión, la solución es que extendamos la delación compensada al tema penal; ese es un buen comienzo.
¿Se podría dar una situación similar con el caso pollos?
Totalmente. Ya empezó la investigación penal del caso pollos, y el problema es que es difícil que alguien delate. Yo me preguntaría: ¿por qué hay empresas internacionales que en el extranjero se delatan y acá en Chile no lo hacen? Curioso, no le parece.
¿Qué le pareció que hayan mandado a estudiar ética a los ejecutivos de las farmacias?
Siempre es positivo que se haga aprender a las personas; tal vez, puede parecer ilógico a simple vista este tipo de castigos, pero imagino que será una capacitación seria, la que tal vez llega un poco tarde, pero que en definitiva les puede servir.
