El seminario "Reforma Procesal Civil: Desafío republicano del siglo XXI" promovió el debate sobre la carga dinámica de la prueba, rol de la Corte Suprema y la ejecución en la futura justicia civil.
En el Seminario "Reforma Procesal Civil: Desafío Republicano del Siglo XXI", efectuado en el Salón Manuel José Irarrázaval de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica, el Ministerio de Justicia promovió el debate sobre tres temas controversiales de la Reforma Procesal Civil, cuyo proyecto de ley de nuevo Código Procesal Civil avanza en su tramitación en el Congreso.
El primero de los temas tratados fue la carga dinámica de la prueba, donde se discutió la disposición contenida en el referido proyecto, que facultad del juez para distribuir la responsabilidad de probar los hechos, según quien esté en mejores condiciones para hacerlo, corrigiendo así desequilibrios entre las partes y permitiendo contar con mejor información al momento de dictar una sentencia.
En el actual sistema civil, la responsabilidad de acreditar las obligaciones o su extinción recae en quien las alega, quien no necesariamente cuenta con la mejor información. Este tema fue tratado en el Seminario por el catedrático español y doctor en derecho procesal, Jordi Nieva, junto a los académicos Derecho UC Carmen Domínguez y Raúl Tavolari, de la Universidad de Chile.
La segunda discusión versó sobre el rol que le cabe a la Corte Suprema en este nuevo sistema de justicia civil. La propuesta del proyecto de ley es introducir el denominado recurso extraordinario, que tiene por objeto que la Corte Suprema, como máximo tribunal de la República, se aboque al conocimiento de asuntos que estime afectan un interés general, para preservar derechos fundamentales y dar coherencia y unidad a los criterios de decisión de los tribunales del país. En la actualidad, en materia civil, la Corte Suprema conoce cientos de asuntos, lo que le impide cumplir un rol de unificación de jurisprudencia. El tema fue abordado por los profesores de Derecho Procesald e la Universidad Católica, Raúl Lecaros y Nicolás Luco y, de la Universidad de Chile, Cristián Maturana.
El tercer y último tema tratado fue la ejecución. El proyecto contempla la desjudicialición de la ejecución, lo que permitirá descargar a los jueces civiles de labores administrativas (en el año 2011, el 90% de los asuntos que ingresaron a los juzgados civiles, correspondieron a juicios ejecutivos y gestiones preparatorias de la vía ejecutiva y medidas prejudiciales), creando la figura del "Oficial de Ejecución", como órgano especializado, encargado de llevar adelante todas las actuaciones de apremio, incluido el embargo.
Actualmente, por ejemplo, si un acreedor exige el pago de una deuda, la ley ofrece entablar un juicio ejecutivo para hacerlo efectivo, debiéndose recurrir a un abogado y a un procedimiento que, en el mejor de los casos, puede demorar dos años. Con la reforma, este oficial será el encargado de llevar adelante las gestiones para responder por la deuda bajo el control permanente del juez y sin necesidad de representación judicial. Este tema fue discutido por los profesores de Derecho Procesal, Alejandro Romero, de la Universidad de Los Andes, Álvaro Pérez Ragone, de la Universidad Católica de Valparaíso y José Pedro Silva, Presidente del Instituto Chileno de Derecho Procesal y Profesor de Derecho Procesal de la Universidad Católica.
