El profesor de nuestra Facultad y director del Programa de Derecho y Medio Ambiente comentó que “mirar la eficiencia del SEIA exige una visión integral que incluya tanto la etapa de evaluación como la de impugnaciones, entendiendo que existe una retroalimentación constante entre ambas”.
En el marco del debate sobre la modernización de la institucionalidad ambiental, el profesor de Derecho UC y director del Programa de Derecho y Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, participó en un encuentro organizado por el Centro de Incidencia Pública Pivotes.
En la instancia, analizó el Índice de Eficiencia para el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), una propuesta de Pivotes orientada a medir su capacidad de calificar proyectos dentro de plazos óptimos y con resultados favorables en términos ambientales.
La propuesta busca separar los tiempos de evaluación de proyectos de los períodos de impugnación, con el fin de obtener una medición más precisa del desempeño del SEIA a largo plazo y permitir comparaciones objetivas entre distintos períodos.
Según explicó Irarrázabal en el encuentro, el índice se construye a partir de dos variables clave. Primero, un Índice de Agilidad, que mide la capacidad del SEIA para evaluar proyectos dentro de plazos óptimos, tomando como referencia los períodos de mayor eficiencia del sistema; y, segundo, un Índice de Materialización, que evalúa la proporción de proyectos que obtienen una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, reflejando la incorporación temprana de variables ambientales y el cumplimiento normativo.
Según el análisis, los mejores desempeños históricos en términos de eficacia se registraron en 2006, 2012 y 2018.
El estudio también revisa el impacto del sistema de impugnaciones sobre los tiempos totales de tramitación. En el caso de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), un 17,5% fue reclamado ante el Comité de Ministros, con un promedio de resolución de 1 año y 7 meses. El 55% de esos casos llegó a Tribunales Ambientales, que tardaron en promedio 1 año y 3 meses en resolver. Un 47% de esos fallos llegó a la Corte Suprema, con un tiempo promedio adicional de 1 año y 2 meses.
En total, los procesos judiciales pueden extenderse más de 4 años, aunque la mayoría de las RCAs terminan siendo confirmadas.
En este contexto, el profesor Irarrázabal planteó, entre otros puntos, que mejorar la eficiencia del SEIA no sólo implica acortar plazos, sino también fortalecer la calidad de los proyectos y de las evaluaciones para reducir el riesgo de impugnaciones.
“Mirar la eficiencia del SEIA exige una visión integral que incluya tanto la etapa de evaluación como la de impugnaciones, entendiendo que existe una retroalimentación constante entre ambas”, comentó.
Parte de estos temas fueron abordamos también por el profesor Irarrázabal en el capítulo 3 del podcast de Derecho UC, “Código abierto”, en el que analizó la “permisología” y posibles caminos a seguir en materia de evaluación y aprobación de proyectos con impacto medioambiental. El capítulo se puede revisar aquí.
Información y nota: Programa de Derecho y Medio Ambiente
