La abogada María Elena Santibáñez, quien lidera el área de Derecho Penal de la Clínica Jurídica Derecho UC, comentó que “la representación de las cinco víctimas continúa”. Se evalúa presentar una demanda y se está coordinando una reunión con el Ministerio del Interior para estudiar la posibilidad de una pensión de gracia.
En enero de 2019, una bomba detonó en un paradero de Vicuña Mackenna, en la comuna de Providencia. El hecho dejó a numerosas personas heridas, muchas de ellas con secuelas hasta el día de hoy. Y muchas de ellas sin los recursos necesarios para recibir todo tipo de ayuda profesional y médica.
El responsable de ese atentado fue condenado, hace pocos días, a 45 años de cárcel, una sentencia que no agota la posibilidad de que los afectados recurran a una demanda civil para buscar reparaciones. Así lo plantea la abogada María Elena Santibáñez, profesora de Derecho UC y quien lidera el área de Derecho Penal de la Clínica Jurídica de la Facultad, organización que presta asesoría gratuita a personas de bajos recursos, entre ellos, a cinco víctimas del atentado en el paradero de Vicuña Mackenna.
Luego de conocerse la sentencia, Santibáñez comentó que “la representación de las cinco víctimas continúa”. Y explicó que el área de Derecho Público de la Clínica Jurídica está estudiando “la posibilidad de presentar una demanda que busque reparar las consecuencias pecuniarias que tuvo el atentado”.
Asimismo, comentó que también “se está coordinando una reunión con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para estudiar la posibilidad de otorgarles a las víctimas una pensión de gracia, que les permita paliar algunos de los efectos que ha dejado en ellos el delito, tal como se hizo para las víctimas del caso SubCentro”.
La profesora Santibáñez también aprovechó de relatar, en detalle, el trabajo desarrollado por la Clínica Jurídica en este caso, junto con reflexionar sobre los aprendizajes que se han ido adquiriendo.
¿En qué consistió, en concreto, el trabajo desarrollado por la Clínica Jurídica frente al caso de la bomba en el paradero de Vicuña Mackenna?
El caso ingresó a la Clínica Jurídica, derivado del Ministerio Público, en el año 2019. Representamos a cinco personas que fueron víctimas de un atentado con aparato explosivo mientras esperaban en un paradero. Algunos de nuestros representados quedaron con secuelas permanentes, psicológicas y físicas, que cambiaron sus vidas drásticamente. Desde que ingresó, como Clínica Jurídica nos hicimos parte de la investigación, solicitando diligencias investigativas y participando de las numerosas audiencias que tuvieron lugar en la Corte Suprema, Corte de Apelaciones y Juzgado de Garantía. Por el volumen de la investigación, el número de representados y cantidad de audiencias, fueron varios los alumnos de último año de Derecho que tramitaron la causa en conjunto con los abogados de la Clínica.
En el caso de la bomba en el SubCentro del metro Escuela Militar ustedes también jugaron un rol clave. ¿Qué aprendizajes sacó la Clínica Jurídica de esa experiencia para aplicarlos en este nuevo caso?
En el caso SubCentro Escuela Militar, la Clínica Jurídica representó a 25 personas víctimas de atentados con artefactos explosivos que fueron calificados por el tribunal como delitos terroristas. En ese proceso, la Clínica participó del juicio oral, que tuvo una extensión de nueve meses, siendo uno de los más largos desde la reforma procesal penal. Uno de los puntos de mayor dificultad probatoria tuvo que ver con la prueba del “ánimo” especial requerido por la ley para sancionar la conducta como delito terrorista, que exige acreditar, entre otras cosas, que el sujeto actuó con la intención de causar temor en la población o en una parte de ella; cuestión que evidentemente es muy difícil. En el presente caso, si bien el Ministerio Público formalizó en primera instancia por delitos tipificados en la ley que sanciona conductas terroristas, con posterioridad reformalizó y luego acusó por delitos regulados en la ley de control de armas, que, entre otras diferencias, no exige la prueba de este ánimo especial al momento de que el sujeto ejecuta la conducta, esto es, colocar/explosar los aparatos explosivos.
¿Qué otra lección pudieron sacar?
Además del anterior, uno de los aprendizajes más relevantes del caso SubCentro fue poder comprender las secuelas, sobre todo psicológicas, que deja en las personas víctimas de estos atentados. Con frecuencia, una de las “huellas” en las víctimas es un gran temor de salir de sus hogares y modificaciones, algunas veces radicales, en sus rutinas cotidianas, como dejar de andar en Metro, por la calle y recurrir a un automóvil. Este tipo de trauma es explicado en parte por la naturaleza del tipo de ataque del que se ha sido víctima. Sea que se sancione vía ley de conductas terroristas o por ley de control de armas, lo cierto es que las víctimas han experimentado una agresión indiscriminada, en el sentido que pudo ser cualquiera el sujeto pasivo; a ellos simplemente les tocó y no hay mucha explicación que darle a ese azar criminal gatillado por el culpable. Lo anterior, implica que son en realidad escasas las medidas de autoprotección que un ciudadano puede adoptar para protegerse de estos ataques, y entonces las prevenciones más radicales, como no salir del hogar, se presentan como una opción real. Ese aprendizaje, que fue muy evidente en el caso SubCentro, fue empleado en este caso por la Clínica, de dos maneras: primero, como manera de aproximación a nuestros representados, en el sentido de relevar esta secuela como “normal”, por así decirlo, cuando se ha sido víctima de este tipo de atentados. Y, en segundo lugar, como una manera de aproximación jurídica al fenómeno del delito.
