El director y subdirector del Programa de Reformas a la Justicia UC, José Pedro Silva y Nicolás Frías, respectivamente, junto a la profesora y directora de CAM Santiago, Macarena Letelier, integraron la Comisión Asesora del Proyecto de Reforma Procesal Civil. En ese contexto, el Presidente Piñera envió a aprobación legislativa el Proyecto de Mediación Civil y Comercial y la Reforma al Código Orgánico de Tribunales.
En una ceremonia celebrada en el Palacio de Moneda, el Presidente de la República Sebastián Piñera anunció la mañana de ayer que despachó al Congreso dos importantes proyectos de carácter accesorio que buscan aportar en el camino hacia un nuevo Código Procesal Civil: el Proyecto de Nueva Ley de Mediación Civil y Comercial y la Reforma al Código Orgánico de Tribunales de Justicia.
La redacción de ambos proyectos contó con el trabajo activo de los profesores Derecho UC José Pedro Silva, director del Programa de Reformas a la Justicia UC (PRJ) y quien actuó como coordinador de la Comisión Asesora en el Proyecto de Reforma Procesal Civil desde el año 2018; Nicolás Frías, director del departamento de Derecho Procesal de nuestra Facultad y subdirector del PRJ, quien actuó como secretario general de la Comisión Asesora; y la directora del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM Santiago), Macarena Letelier. A ellos se sumaron los académicos Raúl Tavolari, Cristián Maturana, Mónica Naranjo y contó con el apoyo del Poder Judicial.
Nueva Ley de Mediación Civil y Comercial
El proyecto de Nueva Ley de Mediación Civil y Comercial establece nuevas formas y procedimientos para la mediación, en algunos casos de forma obligatoria y en otras, opcional cuando se trate de derechos u obligaciones de carácter irrenunciables. Se exigirá, además, requisitos de conocimientos, formación especializada y experiencia profesional a los mediadores que deberán cumplir un rol fundamental en acercar a las partes para alcanzar acuerdos. En definitiva, esta medida busca acercar la justicia a las personas a través de la resolución de conflictos sin la necesidad de ir a tribunales, ahorrando tiempo y dinero a los involucrados.
“La importancia está dada, desde el punto de vista de las personas, ya que acerca la justicia a la gente en conflictos de cotidiano alcance. Establece este sistema de mediación que, por su naturaleza, es más flexible, sustentable desde el punto de vista del acuerdo, más rápido y gratuito incluso, en este caso. Lo que busca es mejorar considerablemente el índice de conflictividad, la sensación de obtención de justicia oportuna, cercana y de acceso a la justicia propiamente tal. Sin dejar de lado el acceso a las personas a la jurisdicción, que es un carril separado”, explicó el profesor Nicolás Frías.
Adicionalmente, continuó el mismo, de aprobarse este proyecto “nos deja como país junto al concierto de naciones que contempla regulaciones sobre la materia en su sistema jurídico general, que son la gran mayoría a nivel mundial, así que es una regulación que es muy necesaria. Y, por último, también nos ponemos al día con la convención de Singapur, que fue firmada por Chile, pero que falta la ratificación parlamentaria y que es muy importante para el tráfico y validación de los acuerdos de mediación entre distintos países”.
Nuevo Código Orgánico de Tribunales
Un segundo anuncio del Ejecutivo fue el envío del nuevo Código Orgánico de Tribunales que establece el diseño orgánico de los tribunales civiles reformados, contempla modificaciones al actual código y otras nuevas que establece los tribunales civiles, a fin de disponer de los recursos necesarios para la puesta en marcha de la Ley de Mediación Civil y Comercial.
Dentro de sus medidas se encuentra crear, suprimir y fusionar los juzgados de letras de competencia común, junto con dotarlos de jueces y funcionarios judiciales idóneos. A ello se suma la inversión de $183 mil millones en mejoras de infraestructura y cerca de $80 mil millones de gasto permanente. “Plantea un nuevo diseño de los tribunales civiles del futuro, con clara separación de la función de impartir justicia de los aspectos administrativos, lo que es especialmente relevante en materias de cobranza de créditos que actualmente copan el sistema judicial con más de un 80% de las causas civiles, las que a futuro serán conducidas por causes administrativos por unidades especializadas dentro del tribunal, siempre con la presencia del juez para resolver cualquier controversia que se suscite, así como disponer de la fuerza pública para hacer ejecutar sus resoluciones y, entre otras novedades, aumenta sustancialmente las comunas del país que contarán con servicios de justicia civil”, explicó el profesor José Pedro Silva.
“Estos proyectos, más los ya implementados de tramitación digital y audiencias y alegatos por vía remota, constituyen un salto cualitativo inmenso de nuestra justicia civil, hasta ahora anclada, con algunos parches, en la realidad del siglo XIX en que fue gestada”, sentenció Silva.
