Durante la actividad expusieron los profesores de Derecho UC Ricardo Jungmann, Richard Peña y Rodrigo Álvarez sobre las mejores prácticas de libre competencia y su aplicación a través del sector público.
El pasado 15 y 16 de julio y ante más de 50 directivos de instituciones públicas -la mayoría de ellos pertenecientes a agencias de competencia- el Programa UC de Libre Competencia junto al Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) dictaron una capacitación en relación a las mejores prácticas de libre competencia y su aplicación a través del sector público.
La actividad, liderada el director y subdirector del Programa UC de Libre Competencia, Ricardo Jungmann y Richard Peña, respectivamente, además del presidente del Consejo Consultivo, Rodrigo Álvarez, tuvo como objetivo entregar orientación y herramientas a funcionarios públicos provenientes de 14 países distintos para instruirse sobre los principales aspectos de la libre competencia para el sector público, y las herramientas necesarias y suficientes para la gestión preventiva de riesgos legales en el ejercicio de las facultades legales ejercidas por los mismos.
En su exposición, el profesor Jungmann abordó materias tales como las conductas que se consideran anticompetitivas, sus sanciones y el rol del sector público. Sobre esto, sostuvo que “el sector público, al igual que el sector privado, requiere que las actuaciones de sus funcionarios cuenten con una base ética robusta. Por ello, es valioso observar que cada vez más instituciones públicas -de distintos países de la región- impulsan acciones para mejorar sus estándares y reducir sus riesgos de incumplimiento normativo. Se trata de un verdadero cambio de enfoque, que se demuestra en el creciente interés que tienen las instituciones públicas en este tema tan relevante”.
Por su parte el profesor Álvarez profundizó en las herramientas de Compliance en Libre Competencia aplicables a las instituciones públicas. En este sentido, se refirió a aspectos tales como la identificación de riesgos para el sector público y su gestión, la regulación de actividades económicas, la relación con el sector privado y los instrumentos para la gestión y evaluación de impacto. Para ello, recurrió al análisis de la experiencia de España, el Reino Unido y Sudáfrica.
En cuanto a la capacitación y a los casos prácticos realizados donde los asistentes aprovecharon de compartir sus experiencias, el profesor Peña indicó que “fueron útiles para constatar dos aspectos fundamentales. Primero, que en todos los países de la región existe conciencia de la relevancia del tema; y segundo, que los directivos de las instituciones públicas han realizado importantes esfuerzos para adelantarse a problemas de distinta naturaleza. De hecho, es posible advertir que existen desafíos cuya solución requiere de funcionarios especialmente capacitados y recursos suficientes para implementar programas de compliance integrales. Que estemos hablando de estos temas es, sin duda, una buena noticia”.
