La iniciativa impulsada por el Ministerio de Justicia busca proponer medidas ante un eventual colapso por saturación del sistema. Para ese fin fueron convocados representantes del Ministerio Público, Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública, el Colegio de Abogados y dos representantes de la academia.
Como una forma de anticiparse para hacer frente a un eventual colapso del sistema judicial una vez que se reanuden las actividades post pandemia, El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos convocó a una mesa de trabajo para elaborar propuestas en materia penal que permitan reanudar las labores ya finalizado el estado de excepción constitucional que establece la ley 21.226, que permite suspender audiencias, prorrogar plazos y dar atribuciones a la Corte Suprema para adaptar los procesos judiciales a la realidad actual de confinamiento.
Este equipo de trabajo está compuesto por el Ministro de la Corte Suprema, Manuel Antonio Valderrama; Marta Herrera y Rolando Melo, del Ministerio Público; Rubén Romero y Francisco García, de la Defensoría Penal Pública; Matías Insunza, del Colegio de Abogados; María Ester Torres y Mario Lara, del Poder Judicial; Alejandro Soto, de la Unidad de Estudios de la Suprema; Alejandro Gómez, del Colegio de Abogados de Valparaíso; mientras que del mundo académico fueron convocados la profesora Derecho UC María Elena Santibáñez y Gabriel Zaliasnik, profesor de la Universidad de Chile.
Esta instancia tendrá como objetivo elaborar, en un plazo no superior a 45 días, un plan que procure hacer más eficiente el sistema, limitando la presencia física de las personas por motivos sanitarios e incorporar en forma permanente aquellos mecanismos e instituciones que signifiquen una mejora.
Esta iniciativa comenzará abarcando el área penal para luego conformar, durante el mes de junio, un equipo similar que aborde las áreas civil, comercial, laboral y de familia. Sin embargo, explica la profesora Santibáñez, “actualmente donde existen mayores problemas de sobrecarga tiene que ver con el sistema penal, donde actualmente hay cerca de 93 mil audiencias suspendidas. Esto incide en una sobrecarga excesiva de trabajo que va a venir y la idea es poder ver de qué forma simplificar algunas cosas o modificar otras para evitar un colapso”.
Una herramienta que ha ayudado en la parte oral es el uso de videoconferencias. Respecto de ello, Santibáñez explicó que “es probable que muchas audiencias se sigan realizando de manera remota, entones tenemos que avizorar cómo se pueden también resolver esos problemas que se producen, sobre todo porque pueden verse afectados los intereses de los distintos intervinientes”.
Finalmente, la académica Derecho UC afirmó sentirse muy contenta y motivada al ser convocada a este equipo de trabajo, donde espera ser un aporte para el país en esta materia.
