La instancia contará con la participación de 13 expertos quienes deberán analizar y consensuar directrices en materia de modernización del mercado laboral y cómo se abordarán las nuevas formas de empleo.

El Ministerio del Trabajo convocó a una mesa técnica conformada por 13 profesionales de diversos ámbitos con el objetivo de analizar y consensuar las directrices que seguirá el país en materia de modernización del mercado laboral y la forma en que se abordarán las nuevas formas de empleo.

Entre los expertos convocados se encuentra la profesora y directora del departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social UC, Carmen Elena Domínguez, quien compartirá labores con Luis Lizama, director de Departamento de Derecho Laboral la Universidad de Chile; Rodrigo Palomo, director del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad de Talca; Zarko Luksic, ex Subsecretario del Trabajo del Presidente Lagos; Marcelo Soto, ex Subsecretario del Trabajo del Presidente Piñera; Andrea Repetto, directora del Master en Economía y Políticas Publicas de la Escuela Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez; Carlos Boada, abogado y asesor de Conapyme; Juan Pablo Swett, presidente de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica; Joseph Ramos, ex Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile; David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica; el economista Eduardo Engel; Raphael Bergoing, Presidente y Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad; y Manuel Agosín, decano Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

A ellos se sumarán el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg y el subsecretario y también profesor UC, Fernando Arab.

La instancia -denominada “Desafíos para la modernización del mercado laboral y las nuevas formas de empleo”- tendrá un plazo de 40 días y abordará cinco áreas específicas: adaptabilidad y conciliación trabajo y familia, para una mejor calidad de vida; nuevas normas, para nuevas formas de empleo; nuevas competencias y mejor formación, para preparar a nuestros trabajadores a los nuevos tiempos; nuevas formas de fiscalización, para proteger de mejor forma a nuestros trabajadores; y relaciones colectivas más justas, que fomenten el diálogo y la certeza jurídica.