Rosalind Dixon y Lorenzo Casini, Co-presidentes de la International Society of Public Law ICON-S.
Estamos viviendo momentos difíciles y desafiantes. La creciente desconfianza popular hacia gobernantes en distintas partes del mundo, numerosas fronteras que se cierran a la migración, el renacer de gobiernos autoritarios o semi-autoritarios, la erosión de la democracia liberal en países tan diversos como Venezuela, Hungría y Filipinas, y la existencia de cambios económicos y tecnológicos rápidos y poco predecibles, hacen surgir preguntas difíciles de contestar. Sin perjuicio de la falta de consensos académicos y políticos claros, varios países han debatido profundas reformas constitucionales y legales con resultados poco predecibles y posibles nuevas amenazas a los derechos fundamentales. ¿Cómo puede el Derecho Público responder a estos desafíos y renovar o fortalecer su compromiso con la democracia, el estado de derecho, y los derechos humanos? ¿Qué herramientas pueden brindar el Derecho Constitucional, el Derecho Administrativo y el Derecho Internacional, para proteger los derechos y estabilizar o consolidar sistemas políticos tolerantes y respetuosos de la democracia constitucional? ¿Qué capacidad y compromisos debe adquirir la comunidad académica global para hacerse cargo de dichos problemas?
Responder a estas preguntas no es fácil. Una creciente literatura ha identificado numerosos síntomas preocupantes en distintas regiones del planeta: las herramientas tradicionales para restringir el ejercicio abusivo del poder parecen no ser suficientes hoy; los referéndums han generado ganancias y pérdidas para las democracias; las cortes constitucionales han sido, en ocasiones, incapaces de controlar gobernantes con inclinaciones autoritarias; todavía falta mucho por investigar, para comprender las amenazas que nuevas tecnologías producen en derechos como la vida privada y la libertad de expresión, y la comunidad internacional en muchas ocasiones debe observar con frustración la existencia de fraude electoral, violaciones a los derechos humanos, y de formas más sutiles de erosión de las instituciones y creación de sistemas políticos basados en un partido hegemónico intolerante. Aunque parece existir consenso en la existencia de los problemas, estamos lejos de identificar completamente las causas y de llegar a acuerdos en cuanto a las soluciones más efectivas y deseables. ¿Cómo debería protegerse la independencia judicial? ¿Qué límites debe tener el Poder Ejecutivo en la regulación de fenómenos crecientes como la migración, la invasión tecnológica en datos privados de las personas y la acomodación de distintas creencias religiosas bajo un mismo sistema político?
Los organismos internacionales y regionales están repensando sus estrategias para responder a estos desafíos, y la academia todavía tiene mucho por estudiar, comprender, discutir y proponer. ¿Qué capacidad tiene el Derecho Público para colaborar en estos procesos políticos? ¿Existen recursos, evidencias, e ideas para responder a estos desafíos?
Estamos convencidos de que nuestro enfoque interdisciplinario, que combina perspectivas de diversas regiones, académicos de diferentes formaciones y metodologías variadas, puede cumplir un rol importante en avanzar a comprender los problemas actuales, comparar experiencias y discutir posibles respuestas. Nuestras conferencias anuales en Florencia (2014), Nueva York (2015), Berlín (2016), Copenhague (2017), y Hong Kong (2018), fueron espacios abiertos con diálogos ricos en ideas y propuestas, que efectivamente colaboraron a profundizar nuestra disciplina. Estamos seguros de que nuestra conferencia de este año, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que estos días tiene lugar en Santiago, sea otro punto de encuentro donde cientos de académicos de todo el mundo discutan las preguntas planteadas en los párrafos precedentes y ofrezcan perspectivas capaces de fortalecer y enriquecer los fundamentos del Derecho Público y la difusión de sus valores.
Fuente: La Tercera
