Diario Financiero
La preocupación por mejorar los gobiernos corporativos está en el ADN del abogado, Roberto Guerrero, socio de Guerrero Olivos y miembro del directorio del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica (UC). Señala que tras el caso La Polar aumentaron las exigencias y que la delación compensada -herramienta de la ley que busca fortalecer la libre competencia- no es "muy efectiva".
¿Está de acuerdo con la delación compensada?
El proyecto de ley (que crea la Comisión de Valores y Seguros) no contempla delación compensada para gobiernos corporativos. En todo caso, no me gusta como herramienta jurídica ni modeladora de conducta y tampoco creo que sea muy efectiva. Lo que se necesita son reglas claras, procedimientos bien establecidos y sanciones efectivas y justas. Me parece más efectivo un mecanismo interno de informar lo que está sucediendo, que la delación, que incluso termina con personas extrañas interviniendo en la compañía.
¿Cuál es el estado de los gobiernos corporativos?
Están en evolución, perfeccionamiento y sofisticación. En el país hubo dos grandes hitos que impactaron la forma de verlos. Primero, la privatización de las empresas y su apertura al mercado de capitales en los 80' y 90'. El público empezó a exigir una transformación en las compañías, en la manera de gobernarse internamente. Se avanzó, pero en general, las firmas siguieron manejándose entre un grupo de personas, con poca información.
Segundo, el caso La Polar. A partir de él se aumentaron las exigencias para los gobiernos corporativos.
¿Las conductas han cambiado, entonces?
Son más exigentes. Entre los 80'y La Polar parecía que bastaba con cumplir la norma para sentirse con la conciencia tranquila. Sin embargo, desde el centro siempre hemos postulado y es mi opinión personal también, que las normas no establecen el requisito de cumplimiento, sino que son el desde, el piso ético y las compañías tienen que buscar la fórmula, manteniendo su lógica de eficiencia, cultura, propósito empresarial y búsqueda del interés social, de ir más allá.
¿Hay diferencias en cómo abordan la materia los privados, públicos y ONGs?
-Sí, el gran esfuerzo ha sido de las empresas privadas. En ellas estos aspectos avanzan más rápido, porque hay presión de sus accionistas para que así sea. Las públicas se han esforzado por establecer normas, el problema es que el dominio lo ejercen los grupos de poder sobre los mayoritarios, el Estado. Pasa algo parecido con las ONGs, que son incluso, menos transparentes que las firmas estatales, tienen un bajísimo control, las obligaciones de información no siempre se cumplen y normalmente son controladas por grupos de poder sin renovación. Además, no hay claridad en el uso de los recursos.
¿Qué hacemos ante ello? Predicar, porque está demostrado, empírica y cualitativamente, que un buen gobierno corporativo redunda en beneficios para la empresa y sus stakeholders. Y eso es aplicable a cualquier organización.
¿Qué está pasando en países desarrollados?
Están más preocupados por la sustentabilidad y su cumplimiento efectivo, con planes, reporting, indicadores y resultados. Además, hoy los directorios se preocupan de la seguridad informática, para dar continuidad al servicio y para protegerse de los ataques de terceros. Están preocupados de que al interior de sus compañías se opere correctamente, no sólo con las leyes nacionales.
¿Cuáles son los desafíos para Chile?
Lo primero, definir, de manera más consensuada, cuál es el rol del directorio y la función que cumple cada director. Hoy se habla mucho de la diversidad, entendida como la integración de personas de diferente sexo, de diversos orígenes, con distintas capacidades, especialidades y visiones. También se debe trabajar en la renovación del directorio. En Chile, en general, se reelige la misma gente permanentemente. Y, por último, los niveles de remuneración deben revisarse, a fin de que sea más atractivo dedicarle tiempo.
El foco en 2016
Centro de Gobierno Corporativo UC. -creado en 2008 para investigar y educar sobre la materia- publicará en agosto tres índices: "Concentración de Propiedad", "Perfil de Directores" y "Remuneración de Directores", enfocados en las empresas abiertas. a partir del 90' en adelante.
Además, colaboró en dos estudios con la OCRE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) sobre el nivel de cumplimiento de los códigos de gobierno corporativo en Latinoamérica y en otro, junto al BID y al Banco Mundial, sobre transparencia y grupos empresariales de la región.
Está demostrado, empírica y cualitativamente, que un buen gobierno corporativo redunda en beneficios para la empresa y sus stakeholders. Y eso es aplicable a cualquier organización".
"En las empresas privadas estos aspectos avanzan más rápido. porque hay presión de sus accionistas".
