Diario Estrategia on-line
Luego de un año y medio de revisión de mociones parlamentarias, de realizar audiencias con todo tipo de expertos -y esperar una mayor urgencia en la coalición oficialista- finalmente la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado logró despachar el proyecto de ley de reforma constitucional en materia de derechos de agua, uno de cambios estructurales que anunció la actual Administración. Esta reforma, que busca como eje el establecer las aguas como bienes nacionales de uso público, es un insumo esencial para el proyecto que paralelamente se tramita en la Cámara Baja de reforma al Código de Aguas. Esto, porque sin la reforma constitucional difícilmente se podría establecer la sanción y posterior expropiación de los derechos de agua otorgados como propiedad privada que están sin uso.
Actualmente, el proyecto de ley será revisado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que tendrá hasta el 10 de junio para despachar la iniciativa a la Sala, de manera que pueda continuar con su tramitación. La senadora Adriana Muñoz (PS), presidenta de la Comisión que elaboró y votó el proyecto, llamó al sector privado a perder el miedo a la iniciativa (la que ya rechazó enfáticamente en su momento) en el sentido que los derechos ya otorgados no serán tocados.
–¿Cómo fue el despacho de la iniciativa, luego de tantos meses de debate?
–Se lograron aprobar 4 artículos de forma mayoritaria, con el voto de 4 integrantes de la Comisión, como fue establecer la naturaleza jurídica de las aguas. Se definió que estas son bienes nacionales de uso público, en todos sus estados, además se establece la prioridad del uso para consumo humano, doméstico y sanitario. También se apunta la manera de entregar el agua a los particulares de aquí en adelante, en forma de concesión y temporalmente, mientras los derechos ya otorgados se mantienen. Finalmente, se incorporó en el proyecto el recurso de protección en materia de defensa de acceso al agua de las personas.
–¿Qué pasó con el quinto artículo propuesto por el proyecto, que finalmente no se aprobó?
–Se perdió el corazón de la reforma, que era eliminar el inciso final del Nº24, artículo 19, de la Constitución. Permanecerá el que el Estado entregará a los particulares el derecho de agua en forma de propiedad privada, con lo que se mantiene el sello de mercado, productivista. Es contradictorio mantener esa redacción considerando todo lo logrado en los otros artículos.
Hoy hay temores de que los derechos de agua entregados como propiedad privada sean quitados o expropiados, pero eso no es así. Se hace la distinción en la propia Constitución que esos derechos ya entregados se mantendrán.
–¿Qué espera del paso del proyecto por la Comisión de Constitución, luego del largo trámite que ya han realizado?
–Creo que esta movida fue una forma de los sectores que no están de acuerdo con esta reforma de demorarlo, ocultarlo. En nuestra Comisión tenemos cierto malestar por esta situación, hubo un trato vejatorio, porque nos inhabilitaron para presentar nuestro largo trabajo legislativo. Mi mayor temor es la demora, y que el proyecto pueda "morir" en la Comisión de Constitución.
–¿Esos sectores que ustedes nombra son los mismos que rechazaron en un comienzo la reforma? Al menos en el Agro y en la Minería llamaron a terminar con la incertidumbre.
–Algunos quieren seguir con este modelo de mercado, que puede ser beneficioso en ciertos aspectos, pero que tiene una desregulación total en las actividades productivas. Si vemos que bajo esta filosofía las cuencas se han ido agotando, y que bajo el estrés de la sequía descubrimos que la forma como se accede al agua en este país es netamente extractivista... Al final hemos quedado con la institucionalidad que se llama 'camión aljibe', que debe suministrar el agua. Estos son miles de millones de dólares usados en comprar agua, pagar choferes y transportar el recurso a todas las localidades. Eso es lo que inspira esta Constitución; el camión reparte 7 litros de agua diario a una familia, mientras un palto requiere 250 litros al día. Algo estamos haciendo mal, y ya tenemos casi todos los derechos de agua entregados. No sé qué más vamos a concesionar.
–Entiendo que en la reforma que se realiza al Código de Aguas sí se establecen caducidades y posibilidades de expropiación para los derechos ya otorgados. En cierta forma ese proyecto espera la resolución de esta reforma constitucional.
–Delegamos en la ley la facultad del Estado de sancionar, multar y expropiar a los propietarios de los derechos de agua ya otorgados, cuando estas están en desuso. Esto porque se entra en el ámbito de la especulación, están guardados los derechos como una acción que se valoriza a medida crece la demanda por agua. En el norte se dice que hay un 40% de derechos de agua otorgados para proyectos que no se han realizado...
Patricio Crespo: Expropiar los Derechos de Agua Costaría Más de US$20.000 Millones
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, calificó como irresponsable el proyecto de reforma constitucional de derechos de agua que actualmente se debate en el Senado. Esto, dado que establece el recurso como bien nacional de uso público, entre otros. De esta manera, el dirigente gremial afirmó que más allá de afectar la certeza jurídica del sector, 'la expropiación de los derechos de aprovechamiento de agua detonan un compromiso fiscal de más de US$20.000 millones'. Con esto, criticó que existen 'algunos sectores parlamentarios que no han sido solidarios con la última posición del Gobierno, que ha ido tomando nota del daño que se ha ido produciendo en las expectativas, afectando la inversión y el desarrollo'.
'Hay una necesidad que el Gobierno se ponga de acuerdo con su gente', enfatizó Crespo, señalando que 'en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo ha reconocido que hay limitaciones constitucionales y ha ido adecuando su propuesta en ese escenario'.
Alejandro Vergara: Establecer Caducidades Puede Originar un Gran Desajuste en el Aprovechamiento de Aguas
El director de Derecho Administrativo Económico de la PUC, se refirió a la reforma constitucional en materia de derechos de agua, manifestando que es 'incomprensible' la nueva declaración que instala el recurso como bien nacional de uso público.
—¿Cuál es su visión respecto a la reforma constitucional que se está tramitando en el Senado?
—Ya existe en la Constitución la condición de las aguas como bienes públicos, donde además se establece que cualquier modificación al estatuto de las aguas se realice a través de una ley de quorum calificado. Por lo tanto, la condición de bien nacional de uso público ya está asegurada. Es incomprensible, desde el punto de vista jurídico, esta nueva declaración en el proyecto que se tramita en el Senado.
De hecho, es muy decidor -como señala la senadora Muñoz (PS)- que esto es más bien estratégico o instrumental desde el punto de vista político. Una segunda opinión que puedo dar, es que en buena hora el proyecto inicial no se aprobó del todo y de esto también se queja la senadora, al indicar que no se aprobó la derogación de la declaración de los derechos de aprovechamiento de aguas como protegidos por la garantía de la propiedad. Ella señala que con esto se pierde el "corazón" de la reforma... yo creo que ahora tiene al menos un grado de peligrosidad menor que el deseado inicialmente.
—¿No se logran solucionar algunos de los problemas de derecho de aguas en el país, sobre todo en territorios con sequía?
—Desde el punto de vista constitucional, nunca hay que cerrarse a ninguna reforma, pero es importante que se resuelvan previamente los problemas de la regulación de las aguas. No están todos los problemas comprendidos en esta reforma constitucional y no podrían haberlo estado. Ahora, nadie podría dejar de considerar positiva la consideración de las aguas como un derecho humano, pero no de todas las aguas. Solamente que exista una especie de protección para aquellos ciudadanos que no tengan acceso al agua potable.
—¿Entonces es relevante la reforma constitucional o no?
—En Chile, en virtud del sistema de concesiones sanitarias, la cobertura del agua potable y saneamiento a los habitantes urbanos es técnicamente del 100%, estamos en los mejores estándares mundiales. Por lo mismo, veo que los empeños actuales de los legisladores están dirigidos a menospreciar el sistema de mercado de los derechos de agua.
—La senadora Adriana Muñoz afirmó que el actual sistema ha llevado a la 'institución del camión aljibe' en muchas localidades del país.
—El debate legislativo no se puede extrapolar a situaciones particulares que pueden ocurrir en los territoriales de algunos diputados o senadores. No se puede negar que pueda ser una situación bien delicada que hay que atenderla, pero me parece una exageración afirmar que la situación de la sequía o de los camiones aljibes es consecuencia de la regulación del Código de Aguas actual. El mercado de los derechos de agua no tiene nada que ver con las situaciones de sequía y con las dificultades que puedan existir en algunos sectores. La corrección de esos aspectos se puede deber a otras debilidades del sistema que habrá que observarlas con mucha atención. En gran parte del país, los agricultores y los usuarios están usando con total normalidad sus derechos de aguas y los están distribuyendo de acuerdo a lo que el sitio va produciendo.
—¿Cómo se resguarda la certidumbre para el sector privado respecto a sus derechos obtenidos, sobre todo en los sectores de agricultura y minería?
—Hay que separar los temas. La minería se da en el norte del país y los derechos de aguas de los mineros son usualmente de lechos de agua subterránea. En cambio, los agricultores podrían caer en una gran incertidumbre -lo que sería muy grave para la seguridad jurídica- porque lo que se está pretendiendo aparentemente con la modificación de la Constitución, es lograr una posterior modificación del Código de Aguas para poder declarar caducidad o para impedir que los titulares de los derechos de aprovechamiento de agua puedan defender su titularidad frente a nuevas peticiones.
El proyecto demuestra una muy baja sensibilidad a estos derechos consuetudinarios y podría sembrar una gran incertidumbre en caso de establecer plazos muy estrechos para su regularización o este verdadero castigo de caducidad para el caso en el que no se regularice.
—¿Ve un problema a nivel de gestión, del por qué no hay una regularización?
—Esto no se ha logrado por la gran dificultad técnica que existe muchas veces, y es el propio órgano administrativo de la Dirección General de Aguas el que tiene ese mandato legal. Si no hay avances, hay una responsabilidad tanto administrativa como de los propios titulares (si bien nunca ha sido obligatorio regularizarse). Por lo tanto, establecer ahora caucidades podría originar un desajuste enorme en el tranquilo aprovechamiento de las aguas.
