Diario Estrategia
El recurso de protección, que cumplirá 40 años desde su incorporación a nuestro Derecho por el Acta Constitucional Nº 3, dictada el 11 de septiembre de 1976, y que luego tuvo su consagración definitiva en el artículo 20 de la Constitución Política de 1980, se ha convertido en el principal baluarte de la defensa y amparo de los derechos fundamentales de las personas, avasallados durante décadas por la administración del Estado y por particulares. Constituye, sin duda, el avance en el Estado de Derecho más importante desde su creación. Podemos afirmar, con certeza, que sin su existencia el desarrollo económico e institucional del país, alcanzado en ese período, no habría podido surgir con la rapidez con que lo hizo e incluso éste no habría existido.
Su eficacia radica en que es un proceso cuyas ventajas principales son su rapidez y su carácter sumario y concentrado, los que le permiten resolver vulneraciones de derechos que no pueden quedar entregadas a una tramitación de lato conocimiento, sin que con ello se consume un daño irreparable.
Ha sido aplicada a una cantidad impresionante de materias, al punto que se la califica de 'omnicomprensiva', toda vez que las situaciones resueltas han sido tan variadas como la vida social misma. En efecto, se ha aplicado a todo el ámbito contencioso administrativo; en materia de contaminación ambiental, se convirtió en la alternativa más preferida, frente a una normativa de escasa eficacia en herramientas procesales hasta la reciente entrada en vigencia de la nueva institucionalidad ambiental -tribunales ambientales, Ministerio y Consejo del Medio Ambiente, entre otros-; en materia de salud previsional, para impedir el alza arbitraria de planes de salud por parte de las Isapres; en materia de fijación de precios del sector eléctrico; en conflictos entre particulares y municipalidades, casos en los que ha desplazado incluso algunas acciones específicas concebidas para este tipo de conflictos como el reclamo de ilegalidad; en contra de los decretos alcaldicios que destituyen funcionarios municipales, o cuando les aplican sanciones que, en concepto de los afectados no les corresponda, al igual que en los casos que estos mismos decretos no los promuevan a los cargos y grados a que, también en su concepto, tienen derecho; proteger la privada e intimidad de las personas cuando se han visto afectadas en páginas o sitios web en Internet.
Además, ha servido de freno en contra de actos de cualquier naturaleza de la Tesorería General de la República, del Servicio Nacional de Aduanas, resoluciones de Contraloría General de la República, en contra del Instituto Nacional de Previsión, en contra de decretos de supresión de cargos de planta en la Universidad de Chile o por no pago de bonificaciones establecidas en distintas normativas aplicables a esta; en contra del Ministerio de Bienes Nacionales por negarse a acoger a tramitación solicitudes de regularización de propiedad raíz.
Especial celebridad cobró respecto de las negativas del Director Regional del SII a timbrar documentos tan importantes como la facturas de ventas de bienes y servicios, mediante los denominados 'bloqueos' y en contra de actos consistentes en la no devolución de excedente del impuesto a la renta, entre otros casos. Lo mismo ocurre cada vez que se trata de la protección del derecho a la vida de recién nacidos, o menores, cuando sus padres se niegan a realizar transfusiones de sangre por motivos religiosos.
La Presidenta, corroborando una vez más el carácter populista del gobierno, pretende realizar un proceso constituyente totalmente inconstitucional a través de 'cabildos ciudadanos', sembrando gran confusión, renegando de las virtudes de la Constitución Política que nos ha permitido alcanzar un nivel de desarrollo importante y que además ha sido modificada en más de 36 oportunidades, por lo que nadie puede decir que sea pétrea o granítica.
Se trata de la versión actual de la vía chilena al socialismo que sufrimos durante la Unidad Popular, cuya principal característica, además de la crisis en que sumió al país completo- no sólo a la economía- fue la permanente falta de respeto al Estado de Derecho.
