Diario Estrategia
El director de Derecho Administrativo Económico de la PUC, se refirió a la reforma constitucional en materia de derechos de agua, manifestando que es 'incomprensible' la nueva declaración que instala el recurso como bien nacional de uso público.
—¿Cuál es su visión respecto a la reforma constitucional que se está tramitando en el Senado?
—Ya existe en la Constitución la declaración implicita de las aguas como bienes públicos, donde además se establece que cualquier modificación al estatuto de las aguas se realice a través de una ley de quorum calificado. Por lo tanto, la condición de bien nacional de uso público ya está asegurada. Es incomprensible, desde el punto de vista jurídico, esta nueva declaración en el proyecto que se tramita en el Senado.
De hecho, es muy decidor -como señala la senadora Muñoz (PS)- que esto es más bien estratégico o instrumental desde el punto de vista político.
Una segunda opinión que puedo dar, es que en buena hora el proyecto inicial no se aprobó del todo y de esto también se queja la senadora, al indicar que no se aprobó la derogación de la declaración de los derechos de aprovechamiento de aguas como protegidos por la garantía de la propiedad.
Ella señala que con esto se pierde el "corazón" de la reforma... yo creo que ahora tiene al menos un grado de peligrosidad menor que el deseado inicialmente.
—¿No se logran solucionar algunos de los problemas de derecho de aguas en el país, sobre todo en territorios con sequía?
—Desde el punto de vista constitucional, nunca hay que cerrarse a ninguna reforma, pero es importante que se resuelvan previamente los problemas de la regulación de las aguas.
No están todos los problemas comprendidos en esta reforma constitucional y no podrían haberlo estado. Ahora, nadie podría dejar de considerar positiva la consideración de las aguas como un derecho humano, pero no de todas las aguas. Solamente que exista una especie de protección para aquellos ciudadanos que no tengan acceso al agua potable.
—¿Entonces es relevante la reforma constitucional o no?
—En Chile, en virtud del sistema de concesiones sanitarias, la cobertura del agua potable y saneamiento a los habitantes urbanos es técnicamente del 100%, estamos en los mejores estándares mundiales. Por lo mismo, veo que los empeños actuales de los legisladores están dirigidos a menospreciar el sistema de mercado de los derechos de agua.
—La senadora Adriana Muñoz afirmó que el actual sistema ha llevado a la 'institución del camión aljibe' en muchas localidades del país.
—El debate legislativo no se puede extrapolar a situaciones particulares que pueden ocurrir en los territoriales de algunos diputados o senadores. No se puede negar que pueda ser una situación bien delicada que hay que atenderla, pero me parece una exageración afirmar que la situación de la sequía o de los camiones aljibes es consecuencia de la regulación del Código de Aguas actual. El mercado de los derechos de agua no tiene nada que ver con las situaciones de sequía y con las dificultades que puedan existir en algunos sectores.
La corrección de esos aspectos se puede deber a otras debilidades del sistema que habrá que observarlas con mucha atención.
En gran parte del país, los agricultores y los usuarios están usando con total normalidad sus derechos de aguas y los están distribuyendo de acuerdo a lo que el sitio va produciendo.
—¿Cómo se resguarda la certidumbre para el sector privado respecto a sus derechos obtenidos, sobre todo en los sectores de agricultura y minería?
—Hay que separar los temas. La minería se da en el norte del país y los derechos de aguas de los mineros son usualmente de lechos de agua subterránea.
En cambio, los agricultores podrían caer en una gran incertidumbre -lo que sería muy grave para la seguridad jurídica- porque lo que se está pretendiendo aparentemente con la modificación de la Constitución, es lograr una posterior modificación del Código de Aguas para poder declarar caducidad o para impedir que los titulares de los derechos de aprovechamiento de agua puedan defender su titularidad frente a nuevas peticiones.
El proyecto demuestra una muy baja sensibilidad a estos derechos consuetudinarios y podría sembrar una gran incertidumbre en caso de establecer plazos muy estrechos para su regularización o este verdadero castigo de caducidad para el caso en el que no se regularice.
—¿Ve un problema a nivel de gestión, del por qué no hay una regularización?
—Esto no se ha logrado por la gran dificultad técnica que existe muchas veces, y es el propio órgano administrativo de la Dirección General de Aguas el que tiene ese mandato legal. Si no hay avances, hay una responsabilidad tanto administrativa como de los propios titulares (si bien nunca ha sido obligatorio regularizarse).
Por lo tanto, establecer ahora caucidades podría originar un desajuste enorme en el tranquilo aprovechamiento de las aguas.
