La Tercera
María Soledad Cisternas golpea la mesa de su escritorio y se niega a decir su edad, tajantemente. "Hace mucho tiempo que no contesto esa pregunta. Toda persona tiene derecho a la reserva y confidencialidad de su información", afirma.
No siempre fue tan segura y decidida. A principios de los 80, cuando estudiaba en el exigente, masculino y conservador ambiente de la Facultad de Derecho en la Universidad Católica, tuvo que enfrentarse a un diagnóstico de retinitis pigmentosa que predecía que el progresivo problema de visión que acarreaba desde los 14 años terminaría por dejarla ciega.
Su campo visual se fue haciendo cada vez más pequeño y borroso. Leía con una regla las incontables fotocopias, que trataba de sacar con el mayor contraste posible, para diferenciar las letras. Se replegó. No le contó a nadie, y sus compañeros y profesores sólo se enteraron de que no veía nada años después, cuando la vieron llegar con bastón a las reuniones de ex alumnos. "Terminé Derecho disimulando de una forma espantosa. Yo misma me discriminaba. Sentía que si no veía era una señal de debilidad y no quería aceptarlo".
¿Le aconsejaría hoy a un estudiante en una situación parecida que disimulara?
¡No! Cometí muchos errores porque me sentía sola, en relación a la ceguera, y al principio no sabía cuál era el camino. Pero jamás le recomendaría eso a una persona que tenga baja visión. Por el contrario, tiene que visibilizarlo, comentarlo. Es importante hacerse amigo de la propia discapacidad porque en muchos casos te va a acompañar para siempre. Sentir que tener una discapacidad es también una oportunidad.
¿Cuál fue su oportunidad?
A medida que va apaciguándose el dolor da paso a la esperanza, a tener nuevas ideas y proyectos. Para mí, contribuir desde el derecho y las políticas públicas ha sido un privilegio, porque veo todo el aporte que podemos hacer en la sociedad, en las personas.
De litigante a la ONU
"Cuando hay un abuso contra los derechos humanos la persona debe usar todos los recursos de la ley para repararlo. Existen los tribunales de justicia y la gente puede reclamar. Existe una legislación para cuando hay segregación. Hay que utilizar este sistema, todos tenemos que aportar. Uno no puede dejarse pasar a llevar. Falta difundir las oportunidades que tienen las personas, sin necesidad de abogado incluso: hay corporaciones de asistencia judicial. Además, vivimos en una 'aldea global', y se puede ir a tribunales internacionales", dice María Soledad.
Ella ya lleva varios años en ese camino, porque su ceguera no le impidió seguir con su trabajo. Aunque hubo un tiempo en que estuvo tan deprimida que no quería abrir los ojos, porque sabía que no iba a ver, volvió a encontrarle sentido a su vida y carrera enfocándose profesionalmente en temas de DD.HH. y discriminación. "Tener una discapacidad fue un signo muy real para mí de estar 'abriendo' mi mirada a distintas realidades. Tal vez sin la ceguera mi visión, paradógicamente, hubiese sido más restringida. Yo le he dado vuelta la mano a esas aparentes fuentes de desventaja". Antes de proponer políticas públicas y nuevas leyes, María Soledad peleó por una mayor integración en tribunales. En 2001, por ejemplo, fue parte del equipo que interpuso las primeras demandas de personas sordas en contra de los canales de televisión abierta para que se incluyera el lenguaje de señas. "Era algo impensable", explica. Y aunque judicialmente se les dio la razón a los canales, el asunto generó tanto movimiento social que terminó en una mesa de negociación que instauró el lenguaje de señas durante las noticias, servicio que va rotándose entre los canales. A través de casos como ese llegó a la convicción de que no hay causas perdidas y de que una acción judicial, incluso cuando no se gana, ayuda a generar conversación y promover cambios.
Entre 2006 y 2008, la abogada trabajó activamente en el Comité de Naciones Unidas que diseñó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, organismo que llegó a presidir. En julio de este año el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) destacó su trayectoria en la promoción de los derechos de las personas con discapacidades y su compromiso con otros, como el acceso a la justicia y el voto y los derechos de los pueblos indígenas, y le otorgaron el Premio Nacional de DD.HH. Ella explica que hoy en esa área se puede "hilar más fino", lo que impone más desafíos. Pone como ejemplo el caso de la discriminación contra las mujeres que "nos obliga a mirar que hay mujeres y niñas con discapacidad, indígenas, adultas mayores, migrantes, etc. El cruce de esas intersecciones de condiciones de vulnerabilidad y discriminación es a lo que debemos apuntar para que exista verdaderamente una sociedad de todos y todas".
¿Hay grupos más vulnerables y otros más privilegiados?
La vulnerabilidad es un concepto fluido, dinámico y evolutivo. Los niños, por ejemplo, han tenido una gran condición de vulnerabilidad. También las mujeres, los adultos mayores, y las personas con discapacidad psicosocial e intelectual. Te nombro estos grupos porque muchas veces han tenido nulas posibilidades de reclamar sus derechos. Hay otros grupos que también están luchando, pero que han tenido mayor visibilización.
¿Cómo cuáles?
Lo vemos con los sectores indígenas, que han tenido más posibilidad de cobertura, y la visibilización que ha adquirido el tema de la diversidad sexual. Por supuesto que estos temas son importantes, pero si comparas la aparición en medios de las temáticas de derechos humanos, no siempre hay una igualdad de condiciones, periodísticamente y públicamente hablando. No significa que los otros grupos estén bien o en una situación privilegiada porque no es así. Pero también hay discriminación de personas obesas, con enfermedades poco comunes, de los migrantes, y de los que profesan distintas religiones y cultos. La gama es muy amplia. Hasta los consumidores experimentan situaciones de vulnerabilidad. Eso está claro y por eso existe una ley del consumidor.
¿Es la legislación suficiente? La ley antidiscriminación vio la luz por la muerte de Daniel Zamudio.
No es deseable que exista una ley como respuesta a una violación grave de derechos humanos. Esa ley se estaba haciendo desde 2002, yo estuve en un grupo de trabajo donde se habló del proyecto antidiscriminación y trabajamos por años, pero tuvo que pasar esto para que se acelerara. Falta captar mejor las demandas del mundo social.
¿Ha avanzado Chile en la promoción de los DD.HH.?
En esta área siempre hay cosas por hacer. Ni Chile ni ningún país puede decir que ha llegado a un estado de perfección, pero sí hay avances importantes que se reflejan en una legislación que va recogiendo estos problemas. La ya mencionada ley antidiscriminación o la ley de participación ciudadana, entre otras. La creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo independiente. También existe un Sernam, un Ministerio de Desarrollo Social y que se haya pensado en establecer una subsecretaría de derechos humanos. La ratificación de la mayoría de las convenciones internacionales de derechos humanos es también una señal importante.
¿Y en comparación a otros países?
Estamos en una situación jurídica significativa, pero hay que reconocer que hay vecinos que han avanzado en algunas áreas. Argentina, por ejemplo, con una ley de salud mental, que es una de las temáticas más relevantes hoy en día. Hay una serie de situaciones por abordar, desde el estado de salud mental que debe tener la población hasta la necesidad de regular situaciones para las personas con discapacidades psicosociales e intelectuales como esterilizaciones o abortos forzados, psicocirugías invasivas o irreversibles sin consentimiento o internaciones involuntarias. Son casos muy delicados que pasan en Chile y en otras partes del mundo.
¿Qué ocurre con las personas con discapacidades físicas o intelectuales?
No está bien que en Chile la ley 18.600 permita que las personas con discapacidad mental puedan ser contratadas por un salario inferior al mínimo, va en contra del principio de "salario igual por trabajo igual", como señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es necesario que el Código Civil cambie la regla que indica que las personas, entre comillas "dementes" (donde puede entrar una gama enorme de personas) y las personas sordas y sordomundas que "no se puedan dar a entender claramente", sean declaradas incapaces para actuar en la vida jurídica. Esto establece una verdadera muerte civil porque la persona sólo puede actuar a través de terceros. En esa misma línea, hay un proyecto de ley en el Senado para que las personas con discapacidad puedan llegar a ser jueces y notarios, porque hoy existe una prohibición legal para eso. Yo debo agregar que el proyecto debería incluir también a los fiscales.
¿Hacia dónde deben apuntar las políticas de derechos humanos en el futuro?
La prioridad uno es la educación en derechos humanos y democracia. Que parta en la educación básica y siga hasta las mallas curriculares de formación profesional. También hay que capacitar a la gente de los medios, para que haya una adecuada transferencia al público de la información. Y en la elaboración del presupuesto general de la nación debe existir una clara identificación de las diversas necesidades en materias de derechos humanos para asignar recursos suficientes. Que las platas no se acaben a mitad de año y quede gente rezagada, en apoyo técnico, rehabilitación, etc. También destinar medios para fiscalizar, por ejemplo, la accesibilidad, los hospitales psiquiátricos y los hogares para personas mayores. Es muy importante que estos temas sean parte de una política pública permanente y no dependan de la buena voluntad de ciertas personas o de que haya una autoridad de turno más sensible. Ese es el verdadero camino al desarrollo humano.
Tras el bombazo de esta semana ¿concuerda con esta idea de que hay terrorismo en Chile?
Las discusiones teóricas sobre el terrorismo no son lo más importantes en estos momentos. Está claro que ha existido una actuación de extrema violencia en contra de personas inocentes e indefensas y actos como el ocurrido son violaciones gravísimas a DD.HH. Por lo tanto, requieren ser oportunamente investigados y juzgados, y el rol de las policías y jueces en esta materia es fundamental. Los chilenos y chilenas deseamos vivir en paz y podemos ver que toda la ciudadanía, sin excepción, ha manifestado su fuerte rechazo a este tipo de conductas irracionales, lo que a su vez demuestra que la sociedad en su conjunto respalda el sistema político democrático.
