El estudio reveló que empresas del IPSA han consolidado el nivel de cumplimiento de los Principios Rectores de Naciones Unidas. La medición también incluyó 15 empresas públicas, donde Empresa de Ferrocarriles del Estado, Codelco y ENAP lograron un puntaje total superior al promedio de las compañías del Índice de Precios Selectivo de Acciones.
El pasado viernes 12 de enero en el Aula Magna Manuel José Irarrázaval del campus Casa Central de la UC se llevó a cabo el lanzamiento del Segundo Diagnóstico sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile, realizado por el Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esta versión tenía como objetivo evaluar el nivel de progreso en la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Principios Rectores o PRNU), cuya medición incluyó a 29 empresas IPSA de la Bolsa de Santiago y 15 compañías públicas, durante el primer semestre del 2023.
El evento fue inaugurado por el Coordinador Nacional del Proyecto de Conducta Empresarial responsable para América Latina y el Caribe de la OIT, Jaime Godoy, quien destacó la importancia de este tipo de ejercicio dado que permite generar evidencia para la generación de políticas públicas pertinentes, así como para visibilizar mejor el impacto de las prácticas empresariales.
Por su parte, el profesor y director del Programa de Sostenibilidad Corporativa UC, Juan Eduardo Ibáñez, sostuvo que “uno puede ver que las empresas han avanzado bastante en materia de compromiso de respeto de los derechos humanos. Actualmente, cerca de dos tercios de los directorios de las empresas IPSA tienen una buena política de respeto de los DD.HH., cuando el año pasado era solo un tercio. Esto es positivo, porque da cuenta de que los directorios comprenden que la empresa es parte de la sociedad y que su relación con ella pasa, necesariamente, por prevenir y mitigar impactos negativos”.
Asimismo, agregó que “los desafíos van en la línea de implementar procesos de debida diligencia para identificar posibles impactos en DD.HH. y contar con mecanismos efectivos, legítimos y accesibles para formular reclamos y, en caso de daño, lograr una remediación directa desde la empresa”.
Resultados
De acuerdo con los resultados de la investigación, de un puntaje total de 24 puntos, las 29 empresas del IPSA evaluadas lograron un promedio de 9,5 puntos. Los mayores puntajes fueron obtenidos por Falabella (19,5 puntos), Enel Américas (19 puntos), Aguas Andinas (18,5 puntos), Enel Chile (18,5 puntos) y SMU (17 puntos).
En tanto, de las 15 empresas públicas estudiadas, el puntaje medio obtenido fue de 3,4 puntos, obteniendo la mejor posición la Empresa de Ferrocarriles del Estado con 11,5 puntos, Codelco con 10,5 y ENAP con 9,5. También destaca Metro, con 8 puntos.
De las tres dimensiones evaluadas, el mayor porcentaje de cumplimiento lo obtuvo Compromiso y Gobernanza, en el cual las empresas alcanzaron un promedio de 3,2 puntos de un total de 6. En la dimensión Mecanismos de reclamación y remediación, las empresas obtuvieron en promedio 2,7 puntos. Finalmente, en la dimensión Debida diligencia, las empresas obtuvieron un puntaje promedio de 3,7 puntos, 3 por ciento más que el diagnóstico anterior.
En cuanto al desglose por sector económico, por segundo año consecutivo, el sector de generadoras eléctricas destacó por su alto nivel de cumplimiento, obteniendo un promedio de 15,8 puntos. Sigue el Retail con 10,3 puntos, Procesamiento de Extractos y Minerales con 8,9 puntos, Banca Comercial con 6,5 puntos, Transporte con 6,4 puntos, y Holdings con 3,5 puntos.
Paneles
Ante una asistencia de más de 150 representantes del sector público y privado, se realizaron dos paneles de conversación moderados por la socia principal de Extend, Marily Lüders.
El primero de ellos llevó por título Empresa y Derechos Humanos: Desafíos de Implementación, y en él participó el gerente Corporativo de Asuntos Legales y Gobernanza en Falabella; Gonzalo Smith; la gerenta de Sostenibilidad y Comunicaciones en Entel, Francisca Florenzano; la gerenta Corporativa de Personas y Sostenibilidad en SMU, Paula Coronel; y el gerente legal en Colbún, Rodrigo Pérez.
En tanto, el segundo panel sobre Gremios, Organismos Internacionales y los Principios Rectores, estuvo integrado por la directora del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo, Andrea Repetto; la directora de Asuntos Comunitarios y Buenas Prácticas de la Asociación Gremial Generadoras de Chile, Macarena Álvarez; y la directora de vinculación e incidencia de la World Benchmarking Alliance, Sofía del Valle.
En ambos paneles se desarrolló un fructífero e interesante diálogo sobre el acercamiento que han tenido desde sus respectivos roles al marco sobre empresas y derechos humanos y los desafíos que se proyectan a mediano y largo plazo.
El diagnóstico se elaboró utilizando la metodología Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) de la World Benchmarking Alliance (WBA), utilizando solo información pública de las empresas, especialmente aquella reportada en las memorias anuales en conformidad con la NCG N° 461 de la Comisión para el Mercado Financiero.
