En la instancia, la profesora abordó las sanciones expuestas en este proyecto, para finalmente entregar algunas propuestas de mejoras.
El pasado lunes 13 de abril la profesora y directora del Centro de Libre Competencia UC, María Elina Cruz, fue invitada a analizar en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley propuesto por el ejecutivo que busca fortalecer el sistema de defensa de la Libre Competencia.
En la instancia, la profesora abordó las sanciones expuestas en este proyecto, para finalmente hacer algunas propuestas de mejoras al mismo, compartiendo tribuna con Aldo González, Profesor de Economía Universidad de Chile y Felipe Irarrázabal, Fiscal Nacional Económico.
La académica UC comenzó su intervención hablando sobre el aumento en 30% de las multas, asegurando que es una buena medida, pero que debe ser acompañada de agravantes o atenuantes, tal como se da en muchas otras jurisdicciones. Sobre esta misma materia, explicó que en el proyecto falta determinar la base de la multa, "ya que las partes no siempre están dispuestas a entregar la información necesaria para fijarlas". Para solucionar esto, la docente sugirió fijar un monto, ya que hoy no existe uno, "la idea es que exista uno que asuste suficientemente a las partes para que entreguen la información al tribunal; que les convenga más tener un tope al 30% a que pagar una multa fija alta".
En cuanto a las multas personales, la profesora aseguró que en Chile falta aplicar esta figura que ya existe. "Entiendo que en Chile hay sólo tres casos que tienen multas personales, pero no son los casos de los pollos, ni navieras, que son los más bullados". Las multas personales son el disuasivo más importante de la colusión, agregó, "entonces falta que la fiscalía nacional económica cuando requiera los pollos, requiera una multa personal".
Sobre las penas de cárcel propuestas, la profesora declaró que no es la mejor solución, pero sí la más realista. En este contexto, llamó a incluir al Ministerio Público en el debate de este proyecto y que sea "la Fiscalía Nacional Económica la que debe tener las atribuciones exclusivas para iniciar la acción penal".
Respecto a la delación compensada,se preguntó a quién se le debe aplicar, ¿a quién fue a delatarse o al gerente general? La acción penal es personal, recordó "¿o se aplicará una exención de responsabilidad a toda la empresa?". En cuanto las indemnizaciones, explicó que la delación compensada nunca se debe extender a las ellas, ya que estas no son penas. "Las indemnizaciones no están abarcadas por la delación compensada y no hay beneficios para el delator, a menos que se dupliquen o tripliquen".
Finalmente, sobre la Fiscalía Nacional Económica, la profesora hizo un llamado a fomentar la creación de fiscalías regionales, a mejorar la transparencia, teniendo como freno los posibles perjuicios económicos que eso puede traer para una empresa, y asumir la responsabilidad de determinar montos de indemnizaciones por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ya que en su constitución orgánica cuentan con dos economistas, por lo que son altamente más capaces que los tribunales civiles.
