En el tercer encuentro del Ciclo de Diálogos Regulatorios del Programa de Derecho y Medio Ambiente UC titulado ¿Es tiempo de reformar nuestra justicia ambiental?, autoridades y especialistas abordaron los principales desafíos que enfrenta la justicia ambiental a más de una década de la creación de los Tribunales Ambientales. Nombramiento de ministros, tiempos de tramitación, capacidad institucional, atribuciones de los jueces técnicos y mecanismos para evitar ciclos sucesivos de judicialización estuvieron entre los principales temas de la discusión.

El encuentro contó con palabras inaugurales de la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, y del director del PDYMA UC, Ricardo Irarrázabal. El panel estuvo integrado por la ministra presidenta (s) del Segundo Tribunal Ambiental, Marcela Godoy; el subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial; el académico y exministro del Tercer Tribunal Ambiental, Iván Hunter; y el socio de VGC Abogados, Mario Galindo.

En sus palabras inaugurales, la ministra del Medio Ambiente destacó que Chile fue pionero en crear una judicatura especializada para abordar controversias que requieren una interacción permanente entre derecho y ciencia, y sostuvo que la experiencia de más de una década permite actualmente evaluar qué aspectos deben preservarse y cuáles requieren ajustes.

Entre los principales desafíos identificó los tiempos de tramitación y sus efectos sobre la certeza jurídica; las dificultades que genera la falta de ministros titulares; la coordinación entre procedimientos administrativos y judiciales; y la necesidad de revisar la coherencia de las distintas vías de impugnación existentes en materia ambiental. “Una justicia especializada debe ser rigurosa, qué duda cabe, pero también debe ser oportuna”, señaló la autoridad.

Toledo confirmó, además, que el Ministerio está evaluando posibles modificaciones a la institucionalidad. Según explicó, después de más de una década “ha llegado el momento de mirar la arquitectura de la Ley 20.600 a la luz de la experiencia acumulada”, mediante un diálogo que incorpore al Congreso, Poder Judicial, academia y demás actores del sistema. “Tenemos una muy buena justicia ambiental […] La tarea ahora es hacerla más oportuna, más coherente y sólida”, puntualizó.

Ricardo Irarrázabal, en tanto, contextualizó la discusión revisando los orígenes de los Tribunales Ambientales y la evolución que experimentó su diseño durante la tramitación de la Ley N.º 20.600. Recordó que originalmente fueron concebidos principalmente como un mecanismo de control jurisdiccional sobre la actuación de la Superintendencia del Medio Ambiente, pero sus competencias se ampliaron durante la discusión legislativa y posteriormente los tribunales se consolidaron como una pieza fundamental de la institucionalidad ambiental chilena.

Entre los problemas que la experiencia ha dejado en evidencia, Irarrázabal mencionó el sistema de designación y subrogancia de ministros, las divergencias de criterios entre tribunales, la composición mixta, la interpretación de la invalidación administrativa ambiental y las dificultades asociadas al artículo 30 de la Ley N.º 20.600, que limita las facultades de los tribunales respecto del contenido discrecional de los actos administrativos anulados. “Todo apunta a una reforma a la parte más orgánica de los tribunales ambientales, pero también a sus facultades y, creo yo, importante, a los recursos procesales”, dijo el académico UC.

Al cerrar el encuentro, Irarrázabal destacó la convergencia de los expositores en torno a algunos problemas que, tras 13 años de experiencia, aparecen suficientemente identificados. Entre ellos, el sistema de nombramiento y duración de los ministros y, en un plano más complejo, las facultades jurisdiccionales, el artículo 30 y los mecanismos procesales para evitar ciclos sucesivos de litigación.

“Hay muchos temas que se han consolidado […] y que ya no son tema y quizás hace cinco años sí lo eran. De alguna manera, los temas han decantado y eso yo creo que es muy relevante”, concluyó el director del PDYMA.

Información y nota: Programa UC de Derecho y Medio Ambiente