Durante la mañana del martes 14 de julio, la doctoranda Anamaría Quintana realizó su defensa de tesis doctoral, titulada La protección a los deudores de obligaciones dinerarias en situaciones de crisis: un análisis a partir del derecho colombiano, investigación que tuvo al profesor Juan Luis Goldenberg como director de tesis y que fue aprobada por unanimidad.

En la ocasión estuvieron presentes el director de la Academia de Investigación Jurídica y del Doctorado en Derecho de nuestra Facultad, Javier Infante, junto al tribunal de tesis, compuesto por Marcelo Barrientos, Mariana Bernal, Patricia López, Álvaro Mendoza y Esteban Pereira.

Ante ellos, Quintana expuso los principales alcances de su investigación, que se extendió por cinco años y que la llevó a realizar una pasantía en la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá.

La investigación, que se enmarca principalmente en el Derecho de los Contratos y las obligaciones dinerarias aplicadas al consumo financiero, también aborda temas de Derecho Constitucional en cuanto desarrolla líneas investigativas relacionadas con la teoría de los derechos fundamentales y el Estado Social de Derecho. Así, la tesis propiamente tal sostiene que en el ordenamiento colombiano es posible configurar un sistema general de protección sustancial y procesal al deudor, persona natural, de obligaciones de dinero afectado por crisis extraordinarias, fundamentado en el principio constitucional de solidaridad contractual. Sobre esto, Quintana sostuvo que esta postura defiende que, ante una situación de debilidad manifiesta debidamente informada, surge para el acreedor financiero un deber de renegociación proporcional y suficiente que el juez puede hacer cumplir suspendiendo de forma temporal la ejecución coactiva.

Consultada sobre las razones que la llevaron a elegir esta temática para su tesis doctoral, Quintana comentó que se debió a la aparente desprotección jurídica y la invisibilización que sufren los deudores frente a la rigidez de las obligaciones dinerarias en eventos de excepcionalidad, donde el principio clásico de que “el género no perece” (genus nunquam perit) bloquea los remedios civiles tradicionales como el caso fortuito o la imprevisión. Asimismo, aseguró que seleccionó el sector financiero por su asimetría estructural y por la urgencia de demostrar que el contrato puede ser un escenario de protección de la dignidad humana.

Finalmente, sobre las principales conclusiones de la investigación, la doctoranda defendió la comprobación de la hipótesis en cuanto la solidaridad contractual en Colombia funciona como una regla técnica y vinculante que impone un sistema de deberes recíprocos (información proactiva para el deudor, renegociación para el acreedor y suspensión para el juez) en escenarios de vulnerabilidad sobreviniente. Además, sostuvo que las figuras civiles clásicas (beneficio de competencia, abuso del derecho, caso fortuito e imprevisión) son insuficientes e inoperantes para resolver la falta de liquidez temporal, por lo que se demuestra que el modelo no genera un riesgo sistémico para la estabilidad bancaria, sino que es financieramente eficiente al evitar que los créditos se transformen en deudas incobrables o activos tóxicos.