Diario Pulso
La segunda mitad del Gobierno que lidera Michelle Bachelet tiene en el proceso constituyente uno de los puntos más importantes de su agenda. Paulatinamente, los debates sobre el tema han empezado a ingresar en el imaginario de la ciudadanía, al punto que ayer se realizaron dos seminarios enfocados en las implicancias y los contenidos de una nueva Constitución.
Uno de ellos fue organizado por Icare, mientras que el otro se llevó a cabo en el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (CLAPES UC) y contó con la presencia del ministro del Interior, Jorge Burgos.
El espacio de conversación que realizó CLAPES, en el que participaron destacados juristas y economistas, tuvo por objetivo analizar desde una perspectiva económica y política el orden público económico que ha existido con la actual Constitución de 1980 y proyectar cómo podría cambiar en el caso de que se reemplace la actual Carta Fundamental.
El ministro del Interior, Jorge Burgos, fue el primero en tomar la palabra y, aprovechando la oportunidad de poner en marcha el debate, se encargó de "rayar la cancha".
El jefe de gabinete señaló que si bien están conscientes de las inquietudes ante la posibilidad de que una nueva Constitución implique cambios significativos a la perspectiva económica, indicó que las "críticas amenazantes" no tienen lugar.
"Hay quienes ven en el proceso constituyente y su desenlace una amenaza al tipo de economía que ha caracterizado al país durante los últimos 25 años, amenazas cuya concreción, en el extremo, implicarían una regresión a modelos de economía hoy simplemente anacrónicos, pero hay antecedentes más que suficientes que permiten desechar dichas amenazas", aclaró el ministro.
Además, señaló que hay dos pilares fundamentales en la economía nacional que son el Estado y el mercado, y sobre eso aseguró que una nueva Constitución "no potenciará a ninguno más que el otro". E indicó que el objetivo del Gobierno es que la nueva Carta Fundamental genere "más prosperidad, mejor calidad de vida y mejor desarrollo de las personas".
De igual modo, aseguró que el proceso constituyente no debe comenzar desde cero, valorando aspectos de la Constitución actual y asegurando que en el proceso deliberativo debe primar la "prudencia".
Esas últimas palabras de Burgos fueron agradecidas por el ex ministro de Hacienda y actual presidente de Clapes UC, Felipe Larraín, quien valoró que se aborde el proceso sin dejar de lado los efectos positivos que, desde su perspectiva, tiene la actual Carta Fundamental, sobre todo en materias económicas.
Además, Larraín aseguró que es necesario preguntarse si es necesario reemplazar la actual Constitución o si es pertinente sólo reformarla: "La mayoría cree que hay que reformar".
El enfoque económico
El primer punto de debate de un panel integrado por economistas y abogados fue analizar cuánto hay de mito y cuánto de realidad respecto de la influencia de la Constitución en el orden económico actual.
El economista José Ramón Valente fue claro al señalar su rechazo a cambios en la materia: "Si funciona, no lo arregle" y expresó su inquietud por lo extenso del debate. Recordó que durante los últimos 30 años la Constitución ha otorgado estabilidad, argumentando con cifras el mayor crecimiento, la mayor escolaridad, menor inflación, entre otras.
Valente afirmó: "los mercados se ponen nerviosos solo cuando escuchan hablar de cambios a la Constitución y para el mercado la amenaza creíble es más que suficiente". Asimismo sostuvo que los inversionistas le dan más crédito a los países estables institucionalmente.
Por otro lado, el ex ministro de Hacienda y ex consejero del Banco Central, Manuel Marfán, utilizó los casos de Colombia y Brasil en su exposición para revelar los problemas que acarrea el traspaso de recursos a distintas provincias. "Lo más relevante es que exista gobernabilidad de los recursos, un estado unitario en que prime la responsabilidad fiscal", añadió.
En un tono más conciliador, el abogado Arturo Fermandois, afirmó que la Constitución de 1980 no determina un modelo económico en particular, y calificó las diferencias que se han verbaliza como sólo matices. "Creo que en materia de orden económico tenemos más coincidencia que en lo político. El derecho de propiedad se fortaleció con la no expropiación, y ni el PC está en contra de ese concepto", indicó al abordar la preocupación de que una nueva Carta debilite el actual derecho de propiedad, uno de los puntos que genera más resquemor en el sector empresarial.
Cuestión de desconfianzas
Pese a las distintas posturas, existió consenso en cuanto a que el ordenamiento económico actual está cuestionado. Entre las razones que mencionaron los abogados del segundo panel fue que hay una desconfianza de la ciudadanía porque cuestionan el origen de la Constitución; hay quienes piensan que el Estado no ha actuado con la fuerza necesaria frente a algunas prácticas desleales de las empresas.
En este segundo módulo se proyectó el orden público económico que podría tener una nueva Constitución, considerando temáticas como la autonomía del Banco Central, el derecho de propiedad y la garantía de derechos sociales.
Sobre este tema, el abogado y académico Miguel Ángel Fernández recalcó que la discusión debe centrarse en la competencia del legislador para reformar la Constitución, o si ello más bien debe quedar en manos de los tribunales.
"Hay un cuestionamiento porque el Estado no siempre avanzó en regulación, ni actuó con dureza contra las prácticas desleales de las empresas. Una nueva Constitución debiera profundizar la libertad económica, pero con un rol fiscalizador del Estado, no un Estado empresario", recalcó.
Por su lado, el abogado constitucionalista y académico de la UDP, Javier Couso, explicó que el actual orden económico posee cierto sesgo, y ejemplificó con el camino que han tomado las últimas reformas del actual Gobierno que han terminado en el Tribunal Constitucional -tributaria, educacional y posiblemente, la laboral. "Me pregunto ¿por qué, cosas como la huelga efectiva, titularidad sindical son constitucionales en países como Noruega y aquí rayan en lo constitucional. Pareciera haber algo en el orden actual que ligeros giros de orden más socialdemócrata parecieran ir contra la Constitución", concluyó oponiéndose a la tesis de Fermandois.
Por su parte, el ex contralor Ramiro Mendoza consideró válido que la sociedad discuta los modelos económicos y basó su exposición en lo que denominó como "crisis del derecho de propiedad" argumentando que "todo se transformó en derecho de propiedad".
Junto con eso, mostró extrañeza por la posibilidad de que una nueva Carta Fundamental le entregue más poder al Estado, ya que recordó que "las constituciones fueron creadas para darle oxígeno a la libertad individual versus el poder del Estado".
Los tres participantes del segundo debate estuvieron de acuerdo en que más allá de las preocupaciones que puedan existir en cuanto al orden público económico de una nueva Constitución, existe incertidumbre frente a lo que pueda resultar del nuevo proceso y, por el momento, hace falta que se precisen más los contenidos económicos de la nueva Carta.
