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En septiembre de 2014, tres de las más grandes empresas productoras avícolas en el país fueron sancionadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) con millonarias multas por el delito de colusión. La justicia determinó que Agrosuper S.A. (Agrosuper), Empresas Ariztía S.A. (Ariztía) y Agrícola Don Pollo Limitada (Don Pollo) acordaron la producción nacional de la carne, otorgándose cuotas de producción para manipular precios.
Este miércoles se realizó la primera audiencia de alegatos, en la que la empresa Ariztía y la Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G. (APA), solicitaron la anulación de las sanciones, y negaron las acusaciones de colusión.
Este delito, que consiste en un acuerdo entre competidores del mismo rubro, es considerado el más grave en el ejercicio de la libre competencia. "Es todo lo que interfiera en el juego de la libre competencia, por ejemplo, subir precios, repartirse puntos de venta o fijar comisiones comerciales", asegura la directora del Centro de Libre Competencia de la UC, María Elina Cruz.
Para la abogada, este delito es "casi un robo a mano armada", ya que los grandes productores acuerdan los precios de los productos, alcanzando millonarias ganancias recaudadas gracias a los excesos que pagan los mismos consumidores.
La defensora del LCUC asegura que esta práctica ilegal es muy común a nivel mundial y lo realizan, por lo general, todo tipo de empresas. Sin embargo, la colusión ocurre en mercados donde hay pocas compañías en el mismo rubro. "Es mucho más fácil ponerse de acuerdo entre tres productores que 25. Es difícil que un mercado con muchas empresas caiga en el delito", afirma.
En el denominado "Caso Pollos", las empresas involucradas habrían incurrido en este ilícito por más de 15 años. La profesional explica que en muchos casos, esta práctica se extiende hasta por más de dos décadas. La razón se esta prolongación se debe a "amenazas implícitas" entre los involucrados para no salirse del acuerdo.
Entre los productores asociados a este ilícito existe una desconfianza y temor a represalias entre ellos, si es que uno abandona la agrupación. "Les conviene más mantenerse en este equilibrio colusorio que salirse de la colusion. Los que se quedan lo revientan usando diversos métodos como la guerra de precios", cuenta la abogada.
Para la directora, en el caso de colusión de las empresas avícolas, la principal falencia de la Justicia estuvo en no solicitar multas para las personas naturales involucradas en el ilícito. La actual sentencia solo castigó a las compañías: Ariztía y Agrosuper con 25 millones de dólares (el máximo para empresas es de US$ 30 millones), y US$ 10 millones a Don Pollo.
Según la profesional, gracias al delito de colusión las tres empresas lograron cuantiosas ganancias que superarían ampliamente lo cancelado por las multas. Es por esto que grandes compañías caen en este tipo de ilegales prácticas, que finalmente afectan el bolsillo de los clientes.
