Profesor José Luis Lara aborda la demora en sanciones por reincidencia en viajes con licencia en sistema público
Miles de funcionarios bajo la lupa, sumarios ordenados en distintos servicios y antecedentes enviados a otras instituciones. El hallazgo de Contraloría sobre empleados públicos que viajaban al extranjero mientras estaban con licencia médica se transformó, en mayo de 2025, en uno de sus informes de mayor impacto en la opinión pública.
Pero hubo 1.299 personas a las que eso no las detuvo.
Desde el día siguiente a la publicación del informe y hasta fines de ese año, esa cantidad de servidores registró salidas del país mientras se encontraban con licencia médica. Y entre ellos había más de 300 que ya habían registrado la misma conducta en 2023 y/o 2024.
El dato aparece en el nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC) de Contraloría, que revisó esta vez lo ocurrido durante todo 2025. Y muestra una paradoja.
La fiscalización tuvo un fuerte efecto general. Los funcionarios detectados bajaron desde cerca de 20 mil en 2023 y 2024, a poco más de 7 mil durante 2025, una disminución del 63%. Sin embargo, entre quienes permanecieron en los registros aparece un grupo que insiste.
“Es bien impresionante la porfía y la torpeza”
Casi 600 personas registraron viajes estando con reposo médico en cada uno de los tres años analizados. Otras más de 4.500 aparecen en dos de los tres períodos.
“Es bien impresionante la porfía y la torpeza de muchos funcionarios que, no obstante existir un pronunciamiento, insistan en que estando con licencia ellos pueden ausentarse del país”, dice el académico de la Universidad Católica José Luis Lara.
La caída es todavía más pronunciada cuando Contraloría pone la lupa exclusivamente sobre lo ocurrido después de su primer informe.
Entre el 21 de mayo y el 31 de diciembre de 2025 se registraron 1.497 licencias médicas eventualmente irregulares utilizadas para viajar al extranjero. En el mismo período de 2023 habían sido 18.314 y en 2024, 15.629.
La disminución fue de 92% y 90%, respectivamente.
Pese a esa fuerte disminución, para Lara la reiteración que muestra el informe puede tener consecuencias al momento de determinar la responsabilidad administrativa de los involucrados.
“La reiteración claramente es una circunstancia agravante de su responsabilidad. Es algo que es indignante, no tiene mucha explicación, salvo que varios estimen que el efecto de salir del país estando con licencia no va a existir”, sostiene.
El académico precisa que se refiere a una agravante dentro de los procedimientos disciplinarios que deberán tramitarse. “En la defensa no van a poder argumentar irreprochable conducta anterior y, es más, se va a configurar una circunstancia que va a agravar o acrecentar su responsabilidad, como es la conducta reiterada”.
“Es muy distinto a una persona que nunca infringía una norma, frente a una persona que sistemáticamente y todos los años la infringe”, agrega.
“Están operando de manera muy lenta”
Mauricio Cisternas, abogado y académico de la Universidad del Desarrollo, pone el foco en el efecto disuasivo de las sanciones.
“Si hay 300 personas que tenían ya una práctica reiterada, estamos hablando de personas a las cuales las sanciones no los desincentivan a cometer conductas ilícitas”, sostiene.
José Luis Lara apunta a una posible explicación. “Producto de las demoras, al parecer, un grupo de personas siente que el hecho de infringir la norma no tiene ningún efecto”, afirma.
Para ambos académicos, uno de los problemas está en los tiempos de los procedimientos disciplinarios. Un reciente informe de la propia Contraloría detectó 485 funcionarios que permanecían suspendidos preventivamente mientras sus sumarios seguían en tramitación. De ellos, 221 llevaban más de un año en esa condición, 74 superaban los dos años y 30, los tres años. En el caso más extremo, la suspensión se extendía por cuatro años y siete meses.
“Yo creo que el sistema tiene las herramientas adecuadas, pero lo que ocurre es que están operando de manera muy lenta”, dice Cisternas.
Lara coincide. Recuerda que los sumarios son instruidos por cada servicio y advierte que actualmente no existe “un sistema electrónico centralizado que permita llevar la trazabilidad o los tiempos”.
Cisternas plantea, además, que las consecuencias disciplinarias no fueron inmediatas. Según explica, los resultados de los sumarios comenzaron a conocerse con posterioridad y algunos funcionarios pudieron haber considerado inicialmente que la infracción tendría una sanción menor.
“En la medida en que las decisiones sancionatorias son más rápidas, el desincentivo es mayor”, afirma.
Antecedentes al Ministerio Público y el CDE
El nuevo desglose entregado por Contraloría permite, además, conocer en qué organismos se desempeñaban los 7.207 funcionarios únicos detectados durante 2025.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) encabeza el listado, con 295, seguida por Fundación Integra, con 276, y el Servicio Local de Educación Pública Chinchorro, con 136.
Luego aparecen el Servicio de Salud Magallanes y la Municipalidad de Arica, ambos con 124, y el Instituto de Previsión Social, con 121.
Contraloría notificará a las instituciones involucradas para que inicien los procedimientos disciplinarios correspondientes y remitan las resoluciones que los instruyan. Los antecedentes también serán enviados a Compin, la Superintendencia de Seguridad Social, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.
El “cuello de botella”
Para ambos académicos, el problema que dejan los nuevos antecedentes no se agota en quienes viajaron, sino que alcanza también la capacidad del Estado para entregar una respuesta disciplinaria oportuna.
“El sistema está preparado para investigar y para aplicar las medidas que correspondan. El problema son los tiempos de respuesta”, dice Lara.
A su juicio, “los sumarios se tienen que tramitar dentro de plazos razonables, que en mi opinión no deberían exceder de los seis meses”. También plantea incorporar “tecnología, tramitación electrónica, inteligencia artificial y un sistema de seguimiento centralizado”, que permita conocer el estado de los procedimientos.
