Profesora y miembro del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC, Daniela Rivera, analiza las oportunidades y desafíos de la nueva ley de desalación

Con un total de 26 plantas desaladoras en operación -según el catastro de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades)- y una creciente demanda por fuentes hídricas no convencionales, Chile avanza para ordenar el desarrollo de esta industria con la promulgación de la ley de desalización, una normativa que entrará en vigor en 18 meses y busca establecer un marco integral para la utilización de agua de mar con prioridad en el consumo humano.

Hasta ahora, la desalinización se ha desarrollado al amparo de diversas regulaciones, “tramitada con instrumentos pensados para otros fines y sin ninguna conexión explícita con la gestión hídrica del país”, plantea la profesora de la Facultad de Derecho y Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Daniela Rivera. Explica que la Ley N° 21.813 introduce cambios jurídicos al crear una figura de intervención administrativa distinta del régimen general de concesiones marítimas, incorpora la primera Estrategia Nacional de Desalinización y entrega a la Dirección General de Aguas (DGA) nuevas potestades sobre el uso de agua de mar.

Para la académica, era necesario avanzar en una legislación específica porque la desalinización tiene particularidades técnicas “que ningún cuerpo normativo existente abordaba con criterios propios” y por la necesidad de reglas claras para inversionistas, comunidades y el regulador.

Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de Acades, señala que la nueva normativa trae oportunidades que apuntan a la diversificación económica y al desarrollo sostenible del país. Una es la posibilidad de abastecer con agua desalada proyectos mineros en Argentina mediante infraestructura binacional. “Transportar agua desalada desde el Pacífico chileno resulta mucho más eficiente logística y económicamente que hacerlo desde el Atlántico y la nueva ley entrega las herramientas jurídicas a los desarrolladores de esos proyectos para llevarlos adelante”, precisa.

También destaca la ampliación de la red para el consumo humano y saneamiento en zonas rurales. Palacios sostiene que la ley incorpora una herramienta social inédita al facultar a la autoridad para exigir una reserva de capacidad de hasta un 5% en las plantas desaladoras con fines productivos. Esto, asegura, permitirá generar redes de conexión para abastecer a los servicios sanitarios rurales de localidades próximas a las plantas, transformando a los proyectos industriales en “motores de bienestar local”.

La tercera oportunidad que observa el ejecutivo es viabilizar el desarrollo de nuevas industrias: “El agua es condición habilitante de proyectos de hidrógeno verde, centros de datos y de extracción directa de litio”, dice y enfatiza que la nueva ley otorga la certeza jurídica necesaria para que estos sectores cuenten con un suministro seguro sin competir por aguas continentales.

Implementación: la prueba para escalar

Sin embargo, el impacto de estas oportunidades dependerá de cómo se implemente su marco regulatorio.

Rivera aclara que el hecho de que se trate de una norma necesaria “no equivale a afirmar que la ley aprobada sea suficiente”. A sus ojos, el texto delega extensamente en la potestad reglamentaria decisiones que, por su relevancia e impacto, debieron adoptarse al menos en sus aspectos esenciales durante el debate legislativo. Por ello, plantea que factores como la calidad de los reglamentos, la capacidad institucional de la DGA y la articulación de la desalinización con la planificación hídrica, territorial y energética del país serán clave para lograr el objetivo de promover un desarrollo sostenible.

En tanto, Palacios añade que la Estrategia Nacional de Desalinización podría orientar el desarrollo de sistemas integrados de agua, combinando desalación, reúso y fuentes continentales.

El país duplicaría su capacidad de producción Un análisis realizado por ACCIONA muestra que, al considerar las desaladoras que han entrado en operación desde 2020, sumadas a las tres plantas que comenzarán a funcionar durante este año, Chile habrá duplicado su producción de agua desalada en apenas seis años. Esto significa que entre 2020 y 2026, se habrán adicionado seis mil litros por segundo (l/s), un volumen equivalente a toda la capacidad de desalación de agua de mar que se desarrolló durante el periodo 2003 y 2019. Gracias a este crecimiento, la producción nacional de agua desalada alcanzará los 12.770 l/s.

Hasta ahora, la gran minería ha sido la impulsora de la transición hídrica hacia fuentes de agua no convencionales, una tendencia que según las proyecciones de Cochilco se mantendrá en los próximos años, proyectando que el uso de agua de mar en este sector alcance el 49% en 2033, con una demanda estimada en 16.240 l/s.