La Tercera
Desde un punto de vista formal, la gran objeción que se hace a la Constitución en vigor es su falta de legitimidad de origen. Ella existe cuando el texto constitucional ha sido elaborado con la participación de toda la ciudadanía por medio de elecciones libres, concitando un importante nivel de respaldo. No es ahora el momento de discutir sobre este punto, sino de mirar con perspectiva lo que se nos presenta como país.
Porque la validación del acuerdo constitucional en desarrollo no parece ser mucho mejor. Éste fue suscrito por fuerzas políticas que representan un 75,95% de los votos de la pasada elección de diputados. En ella votó un 46,05% del padrón electoral, incluidos los votos blancos y nulos. Si se cruzan ambas cifras, eso significa que ese acuerdo contó con el apoyo de los representantes del 34,94% de los ciudadanos con derecho a voto. Aplicando la misma base de proporción, el Presidente Sebastián Piñera fue electo con el respaldo de un 26,76% del electorado y hoy su aprobación oscila, según las encuestas, entre el 4,6% y 13%.
De forma similar, en la consulta municipal del pasado mes de diciembre votaron 2.114.055 personas, siendo el padrón oficial de 2017 de 14.347.288 electores. En dicha consulta participó, por ende, un 14,34% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales. Cualquiera que hubiere sido el resultado, no parece suficientemente contundente para tomar una decisión sobre el marco que debe estructurar la institucionalidad del país.
El frenesí del momento puede hacer olvidar que una nueva Constitución también estará sujeta mañana al juicio de la historia, y el que el mismo vicio de origen que se busca erradicar puede ser reprochado por la siguiente generación. Construir la “casa común” supone una efectiva representación ciudadana, la que ha estado ausente en el actual debate.
