La Segunda
Aunque todos reconocen la facultad del Ejecutivo de recurrir al TC, muestran cautela por los efectos en la relación Gobierno-Congreso y la politización del tribunal.
El anuncio del Gobierno de que podría recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar normas de 18 proyectos de ley (la iniciativa sobre 40 horas y otros 17 en trámite), se encuentra en la mira de abogados constitucionalistas y de Derecho Administrativo. De acuerdo al análisis recogido entre los expertos, se advierten al menos cuatro riesgos en la apuesta del Ejecutivo.
1.-Tensar relación con el Congreso
Para Luis Cordero, profesor de Derecho Administrativo, si el Gobierno intenta monopolizar la iniciativa legislativa, implicaría 'reducir el rol del Congreso y esto tiende a generar, y es irónico, una asamblea legislativa media irresponsable, porque al final del día todos los proyectos quedan en manos del Presidente y no del Congreso' (…) 'Y esta tensión se debiera evitar, porque es un choque de trenes en que no se sabe cómo va a terminar'.
Cordero comenta que el Congreso, en respuesta al Gobierno, podría empezar a cuestionar los informes financieros con que acompaña los proyectos y 'decirle que como son de una página, no son suficientes y no cumplen con la Constitución ni la ley'.
En tanto, Francisco Fernández, exministro del TC, opina que 'una impugnación de constitucionalidad es una cuestión sofisticada en términos de demostrar en qué consiste la transgresión. Referido a tan alto número de proyectos, más bien puede ser un instrumento político de obstaculización del trámite legislativo y no una impugnación debidamente sustentada. Es un poco disparar a la bandada, a ver si consigue que uno de los pájaros caiga'.
Fernández agrega que 'más parece una estrategia política de cuestionamiento a la iniciativa que propicia la oposición'.
En cambio, Constanza Hube, profesora de Derecho Constitucional de la UC, apunta a la oposición, al señalar que 'las instituciones no funcionan a la carta' y que 'da la sensación de que a ciertos sectores políticos cuando les gustan las determinaciones del TC, consideran que la institucionalidad está bien, y si no les gustan, está mal'. Añade que en términos jurídicos considera razonable que el Ejecutivo haga un levantamiento de las iniciativas en trámite que podrían tener vicios. 'Hay una serie de proyectos que son declarados inadmisibles por parte de la mesa y luego, tras someterlos a votación, por mayoría parlamentaria se declaran admisibles, pero no por eso dejarían de ser inconstitucionales. Es lo que pasó con el proyecto de las 40 horas', ejemplifica.
No obstante lo anterior, la académica considera que, una vez hecho el citado levantamiento, el Gobierno podría aplicar el concepto de 'deferencia razonada', ya que mediante modificaciones durante la tramitación, la inconstitucionalidad podría desaparecer. Así, dice, 'el Ejecutivo puede tener la deferencia de no enviarlos en bloque (al TC). Pero de que tiene la facultad, la tiene, y es razonable que la tenga, si los propios parlamentarios también la poseen y es complejo que proyectos institucionales sigan avanzando', advierte.
2.-Trabas para el ministro de Hacienda
Tomando en cuenta que desde el 30 de septiembre se comenzará a tramitar el proyecto de ley de Presupuestos 2020, Cordero advierte que el Congreso podría responder trabando el estudio de esta iniciativa 'y finalmente al ministro Felipe Larraín le pueden terminar rechazando muchas partidas, lo que va a generar un nuevo enfrentamiento del que no tengo tan claro que el Gobierno tenga conciencia'.
3.-'Presente griego' para María Luisa Brahm
Cordero añade que, de concretarse el envió de los proyectos al TC, esta gestión podría afectar comunicacionalmente la imagen de la nueva presidenta de ese organismo, ya criticada por la oposición por su cercanía al Presidente Piñera. Y agrega: 'El Gobierno no puede pretender ganar en todos los casos. Hay algo que va a perder'.
Fernández advierte que 'la presidenta del TC es un voto más y no puede incidir, salvo que la decisión sea muy estrecha. Pero sin sustentación jurídica, es posible que los capítulos de impugnación no resulten atendibles'.
4.-Politización del TC
El TC ha debido enfrentar una serie de cuestionamientos que apuntan no solo a la generación de sus integrantes, sino también a su propia existencia.
'Esto puede ser una jugada tan arriesgada, que el propio TC entienda que no le pueden trasladar los debates de la política a ellos, porque no sé si este tribunal quisiera jugar ese rol ahora', añade Luis Cordero.
Para Fernández el Gobierno intenta 'trasladar el debate político a un escenario que no tiene ese carácter, sino que es de estricta juridicidad. Y aún cuando el TC está formado por gente que tiene también su propia óptica política, se va a pronunciar con fundamente jurídico'. Entonces, agrega, 'no le veo mucho destino, salvo que se demuestre caso a caso que hay objeciones de constitucionalidad'.
En opinión del decano de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, si bien el Ejecutivo tiene la atribución de recurrir a este tribunal, no ve 'la necesidad de ocupar el tiempo del TC en estos 17 proyectos, que están todavía en distintas etapas de tramitación, porque el TC está para cuestiones de orden principal que afectan derechos fundamentales o al Estado de Derecho'.
Ruiz-Tagle explica que la constitucionalidad 'es siempre algo controvertido, hay posiciones que pueden dirimirse. Si la tramitación está avanzada o terminal, se justifica recurrir al TC, porque no se trata de tener proyectos inconstitucionales, pero si es una inconstitucionalidad eventual, controvertida, que está en una etapa muy preliminar, no vale la pena gastar las energías del Gobierno y del TC'.
En ese orden ideas, el académico estima que el Ejecutivo debe ser 'muy cauteloso en la utilización de los recursos ante el TC, porque de lo contrario se puede erosionar el prestigio de esta institución y las decisiones del TC se transforman en algo que pierde valor'.
1.-Tensar relación con el Congreso
Para Luis Cordero, profesor de Derecho Administrativo, si el Gobierno intenta monopolizar la iniciativa legislativa, implicaría 'reducir el rol del Congreso y esto tiende a generar, y es irónico, una asamblea legislativa media irresponsable, porque al final del día todos los proyectos quedan en manos del Presidente y no del Congreso' (…) 'Y esta tensión se debiera evitar, porque es un choque de trenes en que no se sabe cómo va a terminar'.
Cordero comenta que el Congreso, en respuesta al Gobierno, podría empezar a cuestionar los informes financieros con que acompaña los proyectos y 'decirle que como son de una página, no son suficientes y no cumplen con la Constitución ni la ley'.
En tanto, Francisco Fernández, exministro del TC, opina que 'una impugnación de constitucionalidad es una cuestión sofisticada en términos de demostrar en qué consiste la transgresión. Referido a tan alto número de proyectos, más bien puede ser un instrumento político de obstaculización del trámite legislativo y no una impugnación debidamente sustentada. Es un poco disparar a la bandada, a ver si consigue que uno de los pájaros caiga'.
Fernández agrega que 'más parece una estrategia política de cuestionamiento a la iniciativa que propicia la oposición'.
En cambio, Constanza Hube, profesora de Derecho Constitucional de la UC, apunta a la oposición, al señalar que 'las instituciones no funcionan a la carta' y que 'da la sensación de que a ciertos sectores políticos cuando les gustan las determinaciones del TC, consideran que la institucionalidad está bien, y si no les gustan, está mal'. Añade que en términos jurídicos considera razonable que el Ejecutivo haga un levantamiento de las iniciativas en trámite que podrían tener vicios. 'Hay una serie de proyectos que son declarados inadmisibles por parte de la mesa y luego, tras someterlos a votación, por mayoría parlamentaria se declaran admisibles, pero no por eso dejarían de ser inconstitucionales. Es lo que pasó con el proyecto de las 40 horas', ejemplifica.
No obstante lo anterior, la académica considera que, una vez hecho el citado levantamiento, el Gobierno podría aplicar el concepto de 'deferencia razonada', ya que mediante modificaciones durante la tramitación, la inconstitucionalidad podría desaparecer. Así, dice, 'el Ejecutivo puede tener la deferencia de no enviarlos en bloque (al TC). Pero de que tiene la facultad, la tiene, y es razonable que la tenga, si los propios parlamentarios también la poseen y es complejo que proyectos institucionales sigan avanzando', advierte.
2.-Trabas para el ministro de Hacienda
Tomando en cuenta que desde el 30 de septiembre se comenzará a tramitar el proyecto de ley de Presupuestos 2020, Cordero advierte que el Congreso podría responder trabando el estudio de esta iniciativa 'y finalmente al ministro Felipe Larraín le pueden terminar rechazando muchas partidas, lo que va a generar un nuevo enfrentamiento del que no tengo tan claro que el Gobierno tenga conciencia'.
3.-'Presente griego' para María Luisa Brahm
Cordero añade que, de concretarse el envió de los proyectos al TC, esta gestión podría afectar comunicacionalmente la imagen de la nueva presidenta de ese organismo, ya criticada por la oposición por su cercanía al Presidente Piñera. Y agrega: 'El Gobierno no puede pretender ganar en todos los casos. Hay algo que va a perder'.
Fernández advierte que 'la presidenta del TC es un voto más y no puede incidir, salvo que la decisión sea muy estrecha. Pero sin sustentación jurídica, es posible que los capítulos de impugnación no resulten atendibles'.
4.-Politización del TC
El TC ha debido enfrentar una serie de cuestionamientos que apuntan no solo a la generación de sus integrantes, sino también a su propia existencia.
'Esto puede ser una jugada tan arriesgada, que el propio TC entienda que no le pueden trasladar los debates de la política a ellos, porque no sé si este tribunal quisiera jugar ese rol ahora', añade Luis Cordero.
Para Fernández el Gobierno intenta 'trasladar el debate político a un escenario que no tiene ese carácter, sino que es de estricta juridicidad. Y aún cuando el TC está formado por gente que tiene también su propia óptica política, se va a pronunciar con fundamente jurídico'. Entonces, agrega, 'no le veo mucho destino, salvo que se demuestre caso a caso que hay objeciones de constitucionalidad'.
En opinión del decano de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, si bien el Ejecutivo tiene la atribución de recurrir a este tribunal, no ve 'la necesidad de ocupar el tiempo del TC en estos 17 proyectos, que están todavía en distintas etapas de tramitación, porque el TC está para cuestiones de orden principal que afectan derechos fundamentales o al Estado de Derecho'.
Ruiz-Tagle explica que la constitucionalidad 'es siempre algo controvertido, hay posiciones que pueden dirimirse. Si la tramitación está avanzada o terminal, se justifica recurrir al TC, porque no se trata de tener proyectos inconstitucionales, pero si es una inconstitucionalidad eventual, controvertida, que está en una etapa muy preliminar, no vale la pena gastar las energías del Gobierno y del TC'.
En ese orden ideas, el académico estima que el Ejecutivo debe ser 'muy cauteloso en la utilización de los recursos ante el TC, porque de lo contrario se puede erosionar el prestigio de esta institución y las decisiones del TC se transforman en algo que pierde valor'.
'Puede ser una jugada tan arriesgada, que el propio TC entienda que no le pueden trasladar los debates de la política a ellos' Luis Cordero Profesor de Derecho Administrativo
'Hay que ser cautelosos en la utilización de los recursos. Si no, se erosiona el prestigio del TC'. Pablo Ruiz-Tagle Decano de Derecho U. de Chile
'El Ejecutivo puede tener la deferencia de no enviarlos en bloque, pero de que tiene la facultad la tiene'. Constanza Hube Profesora de Derecho Constitucional PUC
'Es trasladar el debate político a un escenario que no tiene ese carácter, sino que es de estricta juridicidad'. Francisco Fernández Exministro del TC
