El Mercurio
Indican que ninguna institución debe estar ajena a este tipo de medidas, las cuales serían especialmente relevantes si se producen denuncias de delitos graves.
Aunque Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, manifestó su rechazo a que una figura externa al Ministerio Público investigue a los persecutores, penalistas y expertos consultados por 'El Mercurio' concuerdan en la necesidad de establecer un mecanismo de control autónomo sobre los fiscales.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, propuso 'crear un sistema de control interno con un fiscal autónomo (Fiscalía de Asuntos Internos)' que indague a persecutores que han cometido algún delito.
La abogada penalista y académica de la UC María Elena Santibáñez está de acuerdo con la iniciativa. Destaca que es evidente que deberán ser personas 'con las mejores competencias y que den garantías de imparcialidad'. Agrega que 'es conveniente para el sistema un control externo en casos de investigaciones penales, sobre todo si se trata de denuncias por delitos graves o faltas administrativas relevantes o reiteradas'.
El académico de la U. Diego Portales Cristián Riego cree que es 'injustificado' el rechazo a priori de la propuesta. 'Hay que ver los detalles, pero parece bastante claro que se requiere de alguna fórmula que permita investigaciones independientes respecto de los fiscales, dada la tendencia de toda organización a autoprotegerse'.
Explica que en la actualidad los fiscales son perseguidos penalmente por otro fiscal y administrativamente por otro funcionario de la fiscalía, que puede o no ser fiscal. 'El problema es que al ser de la misma organización se puede generar una autoprotección. Un sistema así también debiera extenderse a los jueces, donde el sistema de control ha mostrado ser muy débil'.
En tanto, Jean Pierre Matus, académico de Derecho de la Universidad de Chile, cree que 'la idea general de un sistema de control interno de cualquier institución en principio es razonable. Toda institución en Chile está bajo un control'. Argumenta que 'los últimos episodios que hemos visto parecen indicar que los mecanismos internos de control no han funcionado'.
La abogada penalista Libertad Triviño destaca, primero que todo, que hay muchos fiscales que realizan un trabajo prolijo, 'sin embargo —agrega—, la práctica muestra que es necesario plantear un mecanismo eficaz de supervigilancia de las actuaciones del Ministerio Público, para así asegurar que siempre sus actuaciones cumplan con los estándares y los principios de la reforma procesal penal'.
'No están por encima ni debajo de la ley'
El presidente de la Comisión de Reforma al Código Procesal Penal y académico de la Universidad de Chile, Gabriel Zaliasnik, comenta que en dicha comisión 'se manifestó mucha preocupación ante la falta de controles a la labor de los fiscales', lo que quedó en evidencia, según comenta, 'mucho antes de la reciente crisis'.
Recuerda que 'el riesgo que se veía era que los excesos en causas relevantes escondían excesos aún más graves por parte de algunos fiscales en causas de ciudadanos anónimos'. Agrega que una 'Fiscalía de Asuntos Internos si bien no soluciona el problema, es un primer paso para solucionar algo evidente: los fiscales no están por encima ni debajo de la ley y, por ende, una instancia independiente debe conocer de eventuales irregularidades en que incurran'.
La directora de Espacio Público, Lucía Dammert, manifiesta que 'ninguna institución puede estar al margen de mejorar, amplificar y profundizar los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas y de mayores controles externos'. Respecto de Uribe, cree que él 'podría mostrar más preocupación reconociendo la necesidad de fortalecer mecanismos de control externo. Creo que el tiempo donde se pensaba que algunas instituciones estaban fuera del margen del control externo ha pasado'.
'El diseño de controles internos ha fracasado'
La mirada disidente la plantea el director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de los Andes, Gonzalo García.
Señala que 'las decisiones o actuaciones del Ministerio Público deben ser sujetas a controles cruzados de carácter institucional', lo que ejemplifica cuando sucede que 'las decisiones son revisadas por el juez de garantía o el superior jerárquico'. Asegura que lo que ha generado la crisis actual 'radica exclusivamente en que el diseño de controles internos ha fracasado rotundamente'. Y propone que más que buscar 'supervigilancia externa', lo que a su juicio podría afectar la autonomía de la fiscalía, se debe apuntar a 'mejorar la supervigilancia y el control jerárquico interno que, en la práctica, ha sido inexistente'.
