Diario El Pingüino de Punta Arenas
Diversos movimientos gremiales a lo largo del país han copado la agenda informativa y han motivado a que algunos parlamentarios hayan salido a la palestra por apoyar pública y abiertamente a los huelguistas, ya sea por redes sociales o adhiriendo in situ a las movilizaciones, lo cual llevó a que algunos abogados constitucionalistas advirtieran que existen disposiciones legales vigentes que prohíben este tipo de acciones.
Al respecto, el asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, Emiliano García, sostuvo que el actuar de algunos legisladores 'pugna con el ordenamiento constitucional, en la medida que vulnera o transgrede el artículo 60, número 5 de la Constitución, que señala expresamente que cesará en el cargo el parlamentario que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público'.
La disposición a la que alude García establece que 'cesará en su cargo el diputado o senador que actúe como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio, que ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes'.
Con similar argumentación, el abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Arturo Fermandois, expresó a El Líbero que el objetivo de la disposición constitucional es 'evitar que se use el poder que se les ha otorgado para desempeñarse en el Ejecutivo o en el Legislativo con fines particulares que tienen otro tratamiento'.
Además, agregó que 'no le hace bien a la institucionalidad que autoridades administrativas o legislativas intervengan en conflictos laborales, no solo por la norma en la Constitución, sino que porque distorsiona el sentido de una negociación colectiva y su huelga'.
'No es adecuado'
Sobre este tema, Diario El Pingüino consultó su opinión a la diputada UDI por Magallanes, Sandra Amar, quien explicó que 'mi rol como parlamentaria es legislativo y fiscalizador. Desde ese punto, no considero adecuado tomar partido en un conflicto que involucra a los trabajadores y a una empresa privada'.
Amar agregó que 'en este tipo de situaciones siempre existen las instancias de diálogo interno y negociaciones que involucran a ambas partes, y de fracasar esto, corresponde que los organismos adecuados -como Inspección del Trabajo y tribunales- determinen si se está o no incurriendo en algún tipo de vulneración, ya sea de derechos de los trabajadores, faltas a la probidad o a la ley'.
La parlamentaria gremialista concluyó que 'si así fuese, si existiera indicio de algún tipo de irregularidad, por supuesto que seré la primera en pedir que se fiscalice minuciosamente en orden a defender tanto los derechos de los trabajadores como el apego irrestricto a la ley en cualquier tipo de actividad'.
'Es mi deber apoyarlos'
Una opinión distinta expuso el diputado de Convergencia Social por Magallanes, Gabriel Boric, quien sostuvo que 'los derechos laborales que hoy tienen trabajadores y trabajadoras de nuestro país se ganaron luchando en huelgas y movilizaciones. Derechos a un sueldo, descanso, ocho horas de trabajo, post natal, que nos parecen imprescindibles, fueron obtenidos gracias a las huelgas'.
En referencia a la huelga de los trabajadores de Líder, el diputado frenteamplista subrayó que 'hoy las y los trabajadores de Walmart, como de cualquier otra empresa u organización, tienen el derecho a buscar soluciones a sus demandas y cuando son justas es mi deber como representante y en función también de mis convicciones, apoyarlos', concluyó.
