El Mercurio
Señor Director:
El profesor Raúl Letelier mutila ayer una frase de mi columna del viernes sobre el ente estatal de pensiones. Luego comenta que ahí habría 'una afirmación incorrecta'. La frase completa es 'a la Carta no le simpatiza el aumento del Estado —especialmente si es una empresa— sin una buena justificación, pero lo acepta y define ciertos parámetros para esto'. Toda esta última parte sobre aceptación, justificación y parámetros no la considera el profesor y se queda con mi alusión a una antipatía constitucional al aumento del Estado.
El resto de su carta contiene legítimas opiniones, pero levantadas sobre una distorsionada base inicial. Vamos al fondo. Más allá de la Constitución, en la academia tenemos un legítimo debate —y el mundo mismo lo tiene— sobre el rol del Estado al promover el bien común. Algunos creemos que la creación de órganos estatales debe estar bien justificada, caso a caso y sus privilegios, más aún. Que deben conservarse algunos requisitos especiales en razón de su naturaleza pública, como, por ejemplo, la publicidad de los documentos estatales o la prohibición del endeudamiento de las empresas estatales con el mismo Estado. Otros académicos tienden a ver la creación de servicios o empresas estatales como un ejercicio virtuoso indisoluble del bien común, que no debe estar sometido a cortapisas o requisitos especiales. Algunos vemos una parcial compatibilidad entre ambas visiones; otros no. Este debate es legítimo. Lo que no es legítimo es comenzarlo con un seccionamiento gramatical que provee al contradictor de un subsidio argumental desprolijo.
