Diario Pulso
Delphecar Pierre recibió una llamada desconcertante. Con esfuerzo se paró de la silla. No era fácil levantarse con seis meses de embarazo. Su interlocutor le avisaba que su marido (y el padre de su hijo de 4 años más el que venía en camino), Louis Fidne, había recibido una apuñalada en su pierna, mientras se encontraba en su trabajo como cargador en el Terminal Pesquero. Louis y Delphecar son haitianos y llevaban menos de un año en Chile.
Este caso ocurrido a fines de mayo de 2017, no sólo puso en alerta a las autoridades. También motivó la creación de la Fundación An Nou Pale ('conversemos' en creole), con el objetivo de integrar a los migrantes del país caribeño a la sociedad chilena, principalmente en el ámbito laboral.
Su primer gran hito fue convencer a los diputados socialistas Daniel Melo y Leonardo Soto de presentar una moción al Congreso para crear un Proyecto de Ley que sancione la 'incitación al odio', con foco en personas migrantes y minorías sexuales, hasta con tres años de cárcel. La moción fue presentada a mediados de julio (ver recuadro).
Independiente si el proyecto de ley da luz, en las empresas el tema de cómo abordar la incitación al odio está cada vez más presente. Especialmente las que se encuentran en rubros donde hay una alta contratación de migrantes no profesionales como la construcción, bombas de bencina, ferias libres, restaurantes o servicios de aseo. 'Cada vez es más frecuente los comentarios xenófobos basados en la frase popular: ‘estas personas nos vienen a quitar el trabajo’. Pero lo fundamental no son sólo las acciones que desencadenan este odio, sino, el discurso que las acompañan. Y claramente el tema se ha enfocado en la comunidad haitiana', dice Juan Francisco Román, presidente de An Nou Pale.
A julio de 2017, la cifra de haitianos llegados a nuestro país, superó el número total registrado en todo el 2016, alcanzando 44.289 nuevos ingresos de ciudadanos de esa nación. El año pasado ingresaron 43.898.
La nueva etapa
El martes, la Presidenta Bachelet firmó un proyecto para una nueva Ley de Migraciones, lo que podría traer una mayor incorporación de extranjeros a la fuerza laboral y, por ende, tener que abordar el tema aún más de frente.
Con 11 mil empleados, Eulen Chile cuenta con un 5% de extranjeros trabajando en el área de servicios a empresas, por lo que han tenido que ponerle bastante cabeza a solucionar los problemas de discriminación. Según Andrés Möller, gerente general de Grupo Eulen Chile, 'la mayor resistencia frente a la integración se da en los equipos de trabajo a nivel de pares, por lo que la sensibilización frente a las diferencias que todos podemos tener es clave para generar equipos de trabajo cohesionados que no discriminen'.
Multinacionales como Unilever, ya tienen el concepto en sus políticas. El Código de Principios de Negocios de esta compañía indica que los empleados 'no deben participar en cualquier comportamiento que sea ofensivo, intimidante, malicioso o insultante. Esto incluye (...) cualquier tipo de bullying, ya sea por identidad de género, color, religión, país de origen, orientación sexual, estado civil, discapacidad, clase social u opinión política'.
Condiciones legislativas
La idea de tipificar la incitación al odio en la legislación chilena no es nueva. A principios de esta década, la senadora Lily Pérez fue una de las principales promotoras de un proyecto al respecto, luego de que fuera amenazada por neonazis.
En 2012, la 'agravante' del artículo 12 N°21 del Código Penal, incorporada mediante la ley 20.609 (Ley Zamudio) está de algún modo relacionada con la 'incitación al odio', pero no es una penalización de ese discurso. El objetivo de la reciente moción es incorporar a la Ley Zamudio el artículo 147 bis en que se tipifica la incitación al odio o a la violencia.
Según Álvaro Paúl, profesor de derecho internacional y derechos humanos de la Universidad Católica de Chile, 'el odio es algo subjetivo, y es complejo definirlo jurídicamente. Además, su regulación puede afectar discursos de valor artístico o político. Por ejemplo, se podría considerar que la obra El Mercader de Venecia, incita al odio antisemita. Otra complejidad es que la prohibición de ciertos discursos puede chocar con la libertad de opinión e información, por lo que, en caso de ser tipificado, debe hacerse con cuidado', dice Paúl.
Rodrigo Medina, profesor de Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás es de una opinión similar. 'No tenemos un delito de este tipo porque significaría penalizar declaraciones que no necesariamente llevan a la discriminación, pero que podían interpretarse como tal. En otros países como Alemania y España si existe una figura de este tipo, pero en Chile, aún somos recelosos del castigo por la mera expresión de ideas como fundantes de un delito', dice Medina y agrega: 'ahora bien, dado el aumento de la migración y los conflictos que están generando tampoco me cierro a que se establezca un delito de incitación, fundado en aspectos raciales, de orientación sexual, étnicos o de otro tipo. Habría eso sí, que ver cómo convive con la Ley Zamudio'.
Paralelamente, ya existen varias iniciativas para concientizar al sector privado. Por ejemplo, Fundación Iguales creó Pride Connection, una red de empresas que busca promover espacios de trabajo inclusivos para la diversidad sexual. 'Lo trabajadores deben saber que su orientación sexual y/o identidad de género no será un motivo de acoso o de despido, y que tienen la libertad y seguridad para salir del clóset, o para no hacerlo', dice Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo Fundación Iguales.
Pablo Valenzuela, director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, reconoce que hay un avance en las empresas para adecuarse a una nueva realidad. 'Sin embargo, se debe avanzar hacia un enfoque intercultural en el trabajo, que realmente cuestione cómo se construyen las relaciones dentro de la empresa y cómo somos capaces de hacerlas más horizontales y simétricas', comenta Valenzuela.
La Comunidad Judía de Chile también ha estado bastante pendiente de la posibilidad de esta moción legislativa. Su presidente, Shai Agosin, cree que es importante incluir como sujeto activo a las personas jurídicas. 'En tiempos en los que hemos visto como se naturalizan ciertos discursos de odio es importante que exista una norma que sancione cualquier incitación a la violencia contra cualquier grupo de personas', concluye Agosin.
