Diario Las Últimas Noticias

daniel martorell96x96

E l 5 de julio pasado entró en vigencia la Ley Corta Antidelincuencia, un conjunto de modificaciones a Códigos y a normas ya existentes, que tienen como objetivo bajar los niveles de inseguridad en las calles. Durante su trámite, la atención se centró en el control preventivo de identidad, la facultad que ahora le permite a Carabineros pedirle el carnet a cualquier ciudadano mayor de edad en la vía pública.

Sin embargo, la nueva normativa es mucho más amplia. Obliga, por ejemplo, a los jueces a no aplicar penas inferiores al mínimo establecido en la ley y hace precisiones lingüísticas y gramaticales para evitar dudas respecto de las atribuciones de las policías.

Pero también incluyó un golazo de los legisladores. En un simple artículo fortalecieron la función de los inspectores municipales, dando vida a una paradoja legal: sale más barato negarle la identidad a un carabinero que a un funcionario municipal.

El nuevo inciso 3 del artículo 496 del Código Penal establece que "sufrirá la pena de multa de una a cuatro Unidades Tributarias Mensuales (UTM) el que impidiere el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales". Esto es un máximo de casi 170.900 pesos.

¿Qué significa eso? Lo explica Antonio Frey, subsecretario de Prevención del Delito. Impedir ese ejercicio de fiscalización "significa no colaborar con el trabajo del inspector, por ejemplo, negar tanto la cédula de identidad como el documento respectivo a la infracción detectada. Si es un parte vehicular, el permiso de conducir. Si es un local, la patente de alcoholes, etcétera".

¿Qué le pasa al que se niega? "Le acarrea una detención, un control de detención y una sanción en dinero", puntualiza Frey. Hasta con fiscal de por medio.

¿Dónde está la paradoja? Que la misma ley otorga la facultad a los carabineros de pedir la identidad a cualquier persona de la que "exista algún indicio" que pudiera cometer o haber cometido un delito. Si la persona se niega, puede llevarla a una unidad policial, no detenerla y mantenerla en ese lugar hasta un máximo de ocho horas. Si no logra acreditar su identidad, debe liberarla (nuevo artículo 85 del Código Procesal Penal).

"Existe una paradoja tremenda: el inspector municipal tendrá la facultad para controlar la identidad de quienes se encuentran infringiendo la ley, desde esa perspectiva. Un carabinero puede controlarte la identidad, pero si después de ocho horas no se puede acreditar, quedas en libertad. Con esto, en cambio, pasa lo contrario. El inspector avisará a carabineros y, de inmediato, se puede cursar una detención por el delito y pasar a tribunales", plantea Francisco Belmar, investigador del centro de estudios Fundación para el Progreso.

¿O sea sale más barato negarse a dar la identidad a un carabinero que a un inspector municipal?

Los funcionarios que usted ve a diario por su comuna, vestidos con uniforme y portando una credencial firmada por el respectivo alcalde, tienen como requisito para acceder a su cargo -en la comuna de Santiago, por ejemplo- haber rendido cuarto medio, "además de otras obligaciones comunes a los funcionarios públicos. En cada municipalidad reciben la instrucción legal básica para cumplir su función, por medio de capacitaciones", explica Patricio Hidalgo, abogado y secretario ejecutivo del plan Santiago Convive, de la Municipalidad de Santiago.

Y agrega: "En la calle tienen la facultad de fiscalizar normas contenidas en la Ley de Rentas Municipales, la Ley General de Urbanismo y Construcción, la Ley de Tránsito y Transporte Público, y la Ley de Alcoholes, entre otras, más todas las ordenanzas exclusivas a cada municipio".

Antes, si veían que alguien estaba en falta, sólo podían dejarle un parte. Y si querían pedirle la identidad, tenían que estar con un carabinero a su lado. Ahora, gracias a la nueva normativa, más vale no negarse. Porque pueden a ir a buscar a un policía y acusarlo para que lo detengan. Eso, además del parte que le puede pasar por la fiscalización misma.

"Son dos objetivos totalmente distintos: el de las policías, a las que hay que entregarles el carné de identidad, para que, con sus bases de datos, vean el historial de cada uno, y el de los inspectores, que es poder cursar las multas con nombre y apellido", explica el director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Seguro, David Rozowski. "El personal de seguridad ciudadana, que hay algunos que son inspectores y otros que no lo son, no le puede pedir la identificación a cualquier persona en la calle, porque le pareció sospechoso", asegura.

El abogado Diego Morandé, del estudio jurídico Alessandri Abogados, dice que la nueva norma "es ambigua, ya que no especifica cuáles son esas funciones de los inspectores y plantea legítimas dudas de cuál es el criterio que van a aplicar estos funcionarios".

Francisco Belmar coincide con Morandé. "Más que una medida clara, esto tiende a concentrar la arbitrariedad del poder de los policías".

Otro crítico es el académico del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Católica Daniel Martorell. Asegura que negarse a ser fiscalizado por un inspector "no tiene la gravedad ni el fundamento suficiente para transformarlo en una falta penal".

El analista político Cristóbal Bellolio agrega otro punto. La Ley Corta, explica, estaba pensada como una respuesta penal a la percepción ciudadana de inseguridad y al aumento de la delincuencia. "El comerciante ambulante y el tipo que bota basura a la calle no son el tipo de delincuentes que esta ley debería disuadir. No veo cómo darles más facultades a entidades fiscalizadoras ayuda a resolver el problema de la inseguridad... Sabemos, además, que las personas que ostentan poder tienden a abusar de él. No todas, pero muchas", explica.

Patricio Hidalgo pide comprensión. "El sentido de la norma no es castigar a las personas caprichosamente, sino por el contrario, ordenar el espacio público. La persona que no compra comercio ilegal, que no bota basura fuera de horario, que no mete ruido hasta las 7 de la mañana, no va a tener ningún problema. Nos centraremos en aquellas actividades dañinas para la convivencia y el entorno", explica.