La actividad fue organizada en conjunto por los departamentos de Derecho de Procesal de la Pontificia Universidad Católica y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Ante un gran marco de público conectados por Zoom y canal de YouTube de la Facultad de Derecho UC , se realizó el Seminario Constitución y Sistema Procesal, encuentro que contó con la moderación de la Profesora María Elena Santibáñez Torres, directora del Departamento de Derecho Procesal UC.
La cita comenzó con la exposición del invitado internacional Fernando Gascón Inchausti, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid , con la ponencia Poder Judicial y proceso en la Constitución: una visión europea, en la que abordó la interrogante ¿hasta qué punto puede o debe entrar una Constitución en la definición de un sistema procesal?
El académico comenzó su exposición con un breve repaso por las constituciones de Francia, Alemania e Italia, entre otras, afirmando que “Europa dista mucho de ser un espacio homogéneo. Tenemos una Unión Europea que es una maravilla, con un progreso jurídico y político que jamás pudiesen imaginarse, pero en cuestiones constitucionales, cuestiones de poder judicial y cuestiones de justicia, la homogeneidad no es tan obvia y la armonización es tan sólo un work in progress”.
Sobre la relación entre Constitución y Justicia, el invitado internacional aseguró que esta debe existir y que la Constitución “debe hacerlo, porque cualquier Constitución de un estado democrático contempla la necesidad de regular como poder el estado jurisdiccional, eso es evidente”.
Primero, explicó, toda Constitución debe meterse en temas de justicia a lo menos respecto de tres aspectos: el status de los justiciables, debe abordarse la relación de la justicia con los justiciables desde la perspectiva de estos últimos; en un segundo aspecto una Constitución debe pronunciarse en materia de arquitectura judicial básica, es decir, sistema de tribunales y en tercer lugar, toda Constitución, razonablemente democrática y estandarizada, debería referirse a cómo deberían ser los procesos judiciales de un país, básicamente lo civil y lo penal y de cierta forma lo administrativo, lo que será una cuestión de conveniencia cuánto .
A continuación, tomó la palabra José Pedro Silva Prado, profesor de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del Programa de Reformas a la Justicia, con la presentación Debido Proceso: Ideas para un futuro texto Constitucional.
En su exposición, el académico UC señaló que “las garantías procesales fueron entendidas ellas mismas como derechos materiales y nos han acompañado siempre en la historia republicana, con un reconocimiento disperso y no sistemático, cuestiones que todavía parecieran estar presentes”. Asimismo, complementó que “varias de estas garantías se contemplaban en la Constitución del 33, y esto cambia con la Constitución del 80 en que se introduce una cláusula general que se combina con algunas garantías del debido proceso, sin embargo falta claridad, hay poca sistematicidad y se hace necesaria una ampliación del concepto”. Con posterioridad se refirió al derecho a la tutela judicial o el derecho a la acción y al debido proceso.
Lo siguió Raúl Núñez Ojeda, director del Departamento de Derecho Procesal de PUCV, quien presentó la ponencia La acción penal y la víctima en la Constitución. Una visión crítica. En ella se refirió a si es necesario introducir en la Constitución la posibilidad de la ‘acción penal’ a la víctima u ofendido.
Posteriormente, expusieron Sophía Romero Rodríguez, profesora de Derecho Procesal de la PUCV y de la Universidad Adolfo Ibáñez con el tema Responsabilidad estatal por deficiente administración de justicia; Jorge Larroucau Torres, profesor de Derecho Procesal de la PUCV con la ponencia La legitimación activa en la protección de derechos fundamentales; Ximena Marcazzolo Awad, profesora de Derecho Procesal Penal UC, quien se refirió a la Consagración Constitucional del Ministerio Público; y cerró la ronda de exposiciones Jaime Balmaceda Errázuriz, profesor de Derecho Procesal de la UC y Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, con el tema El Poder Judicial en una nueva Constitución.
Esta actividad se enmarcó en el proyecto FONDECYT regular número Nº 1200389 del profesor Jorge Larroucau Torres de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).
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