Ese fue el tema de discusión del encuentro virtual desarrollado en Derecho UC, donde participaron Alex Pessó, director Legal de Asuntos Corporativos de Microsoft Chile; Sandra Álvarez, asesora del Ministerio de Defensa Nacional; y Matías Aránguiz, subdirector del Programa UC de Derecho, Ciencia y Tecnología.
La pandemia mundial por COVID-19 ha generado grandes desafíos, no sólo en materia sanitaria sino que también en relación al uso de plataformas tecnológicas que permitan dar seguimiento a las personas contagiadas y su trazabilidad. “Esto ha generado preguntas no tan simples de responder”, explicó el profesor de nuestra Facultad, Nicolás Cobo, quien moderó del seminario online Pandemia, Tecnología y Datos, realizado el pasado 5 de junio y que fue organizado por el Programa de Derecho, Ciencia y Tecnología Derecho UC.
El académico UC introdujo el debate asegurando que la normativa existente en Chile para el uso de datos personales es “probablemente insuficiente” en el contexto actual y que los desafíos en esta materia son apremiantes. Así, dio paso la exposición de los profesores del Diplomado en Protección de Datos Personales Alex Pessó, director Legal y de Asuntos Corporativos de Microsoft Chile; Sandra Álvarez, asesora del Ministerio de Defensa Nacional; y Matías Aránguiz, subdirector del Programa UC de Derecho, Ciencia y Tecnología.
El primero en intervenir fue Pessó con su ponencia Tecnologías, COVID y algunas reflexiones. En su intervención comentó las experiencias de Corea e Israel en materia de contención del COVID-19 y las herramientas tecnológicas que se utilizaron. En ese sentido, explicó, Corea implementó aplicaciones de celulares y mensajería de texto para monitorear a sus habitantes y levantar alertas, además de realizar test rápidos desde el automóvil. Israel, en tanto, a través de un decreto de emergencia, aplicó los sistemas de vigilancia de uso militar para pesquisar estos casos con un uso de tecnologías absolutamente invasivas.
“Las grandes preguntas con las cuales nos vamos a encontrar es qué va a pasar después que termine esta pandemia, ¿qué van a hacer con esos datos, qué van a hacer las organizaciones tanto públicas como privadas con esa información, qué rol van a asumir las autoridades y los sistemas de salud una vez que pase la pandemia?”, se preguntó.
Matías Aránguiz, en tanto, presentó el tema Contact Tracing Apps y súper vigilancia. El caso de China, en donde explicó la metodología que implementó el país asiático a través de aplicaciones de seguimiento para enfrentar la pandemia sanitaria. Sobre la inquietud de si dicho seguimiento será temporal, el expositor aseguró que “generalmente las infraestructuras que se crean tienden a ser permanentes porque los gobiernos se dan cuenta que les conviene, ya que estas medidas tienen beneficios y nadie quiere perder esos privilegios. Por otro lado, está el punto de que los datos no se destruyen. Y esto es clave porque significa que una vez que se recolectan, es casi imposible eliminarlos”.
Sobre su posible aplicación en Chile, el mismo aseguró: “Cuesta pensar que tenga justificación aplicar este tipo de tecnología en una situación como ésta si no tenemos claramente probado que va a funcionar. La protección de datos personales, que es un derecho constitucional, tiende a prevalecer y por tanto, si bien es interesante, sería más recomendable no hacerlo”, concluyó.
Finalmente, la abogada asesora del Ministerio de Defensa Nacional, Sandra Álvarez, explicó que en nuestro país estamos lejos de usar este tipo de aplicaciones ya que existe un resguardo de los datos personales. Sin embargo, continuó, existen experiencias asociadas al seguimiento de datos.
En ese marco, Álvarez hizo un repaso por tres casos acontecidos en Chile y en donde la legalidad, explicó, quedó en discusión. El primero de ellos es el Decreto 412, radicado en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que buscaba regular la interceptación y grabación de comunicaciones telefónicas, cuyo objetivo era identificar posibles delitos que se podrían cometen por este medio. Sin embargo, este decreto nunca llegó a promulgarse debido a que la Contraloría General de la República no tomó razón al considerarlo ilegal.
El segundo caso fue la propuesta de homologación de los teléfonos celulares a través de la creación de una base de datos consolidada y centralizada de lo que se denomina IMEI que quedaría bajo la responsabilidad de un privado, en este caso, la empresa Equifax. “Volvemos al dilema en que tenemos acumulación de datos, permanencia de datos en el tiempo, asociado a personas fácilmente identificables, que pasan a estar a disposición de un privado”.
Y, por último está la portabilidad numérica, que derivó en la actual ley de portabilidad financiera, que crea un reglamento para establecer un procedimiento para la licitación que va a designar al denominado organismo administrador de portabilidad numérica. “Ese organismo vuelve a ser un privado y la licitación vuelve a ser hecha por privados hacia un ente privado”, afirmó.
Tras las exposiciones, se dio paso a una nutrida ronda de preguntas a través de las plataformas Zoom y Facebook Live en donde los expositores ahondaron en distintos aspectos de la protección de datos personales en Chile y los desafíos legales en la materia.
