Miguel Ángel Fernández, Rodrigo Díaz de Valdés y Ángela Vivanco, quienes actuaron como abogados patrocinantes en representación de un grupo de diputados y senadores, aseguran que el principal problema del proyecto de ley es que vulnera el derecho a la vida.
Los profesores constitucionalistas Miguel Ángel Fernández, Rodrigo Díaz de Valdés y Ángela Vivanco jugaron un importante rol en los requerimientos que un grupo de diputados y senadores presentaron ante el Tribunal Constitucional por el proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.
Los profesores Fernández y Díaz de Valdés trabajaron en el requerimiento presentado por los senadores, esgrimiendo como argumento principal que la Constitución ordena a la ley proteger la vida del que está por nacer, lo cual es frontalmente vulnerado cuando el legislador autoriza, aunque se trate de situaciones muy complejas y dramáticas, poner término a su desarrollo.
“Un sistema constitucional, cualquiera que sea, nunca puede permitir que la opción de la eliminación o el descarte sea la solución, sobre todo, si existe una posibilidad distinta que es consistente con respetar los derechos y la dignidad de la madre, pero también los derechos y la dignidad del que está por nacer”, aseguró Fernández.
La profesora Vivanco, en tanto, quien preparó el requerimiento presentado por los diputados, explicó que el proyecto vulnera el derecho a la vida, incluido el mandato de protección de la vida del que está por nacer; la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia, la libertad de asociación, la seguridad que los preceptos jurídicos no afecten los derechos en su esencia, como asimismo tres normas fundantes de la Carta Fundamental: la servicialidad del Estado, la obligación del Estado de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y la supremacía de la Constitución.
“Aunque el proyecto hable de “despenalización” de la “interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”, aseguró la misma, “tales términos no se condicen con la realidad, pues lo que en realidad hace es elevar el aborto a prestación médica en ellas. En efecto, el proyecto crea un derecho al acceso y a la prestación ‘aborto’ e impone practicar abortos al personal médico y a los servicios de salud públicos y privados. Se admite parcialmente objeción de conciencia, pues si hay urgencia o plazos ajustados, prima el deber de realizar un aborto”.
El proyecto, agregó, “no considera derechos ni intereses del que está por nacer: lo priva de considerarlo persona y excluye asimismo la intervención del padre allí donde sería legítima, la intervención de la familia (privilegiando la autorización judicial en menores) y las posibilidades incluso de disuadir a la mujer que opta por el aborto en las tres causales previstas, las cuales además evidencian las mismas exclusiones e incluso representan una postura discriminatoria, al desestimar la protección del niño en gestación próximo a la muerte y de aquél concebido en una violación”.
Rol del Tribunal Constitucional
Los académicos también analizaron el rol del Tribunal Constitucional. Para la profesora Vivanco “el TC busca cautelar la Constitución, más allá de tendencias sociales, políticas o deseos; el tribunal está llamado a asegurar que se respete y se cumpla, particularmente en ejercicio de la función legislativa”.
En esta misma línea, el profesor Fernández aseguró que el TC vela porque no se vulnere la Constitución. “Ni siquiera la ley pueda estar ajena a control porque es de la esencia de la democracia que todos sin excepción (públicos y privados) estamos sujetos a revisión de nuestras actuaciones, ya que todos somos responsables”.
Sobre las principales críticas que se han esgrimido, el profesor explicó que todas las democracias más desarrolladas cuentan con mecanismos de control de constitucionalidad de la ley que han contribuido al progreso y perfeccionamiento de esas democracias. Y también en Chile el TC ha cumplido esa labor. Desde este punto de vista, que este tipo de causas lleguen al TC (con mucha cobertura de prensa, posiciones muy encontradas) es una magnífica oportunidad para perfeccionar una institución esencial como esta, pero, de nuevo, la solución no es descartar a quien te controla, sino estructurarlo de la manera que sea mejor para que cumpla su función a cabalidad.
La profesora Vivanco, en tanto, calificó como una lástima que en Chile hayamos tomado la costumbre de criticar o incluso deslegitimar a los tribunales si perdemos una causa. “Los tribunales resuelven en Derecho y no de acuerdo a encuestas o simpatías”.
