La Tercera
Hace algunas semanas, un grupo de constitucionalistas, cientistas sociales e investigadores de centros de estudio, presentamos un exhaustivo diagnóstico del funcionamiento del Tribunal Constitucional (TC) y 25 reformas específicas en diversos ámbitos de su quehacer, en medio de un debate público cada vez más intenso sobre su reforma. Si bien en los medios, han destacado las propuestas de eliminar los controles preventivos obligatorios y facultativos de ley (limitándose al obligatorio de los tratados internacionales), o la creación de una nueva atribución que permitirá, una vez promulgada la ley y antes de su publicación, que el TC conozca de la constitucionalidad de leyes bajo control abstracto a requerimiento, otras propuestas han sido menos discutidas.
Ello ocurre, por ejemplo, con los importantes perfeccionamientos al requerimiento de inaplicabilidad (respecto de la oportunidad procesal para presentarlo, el estándar de fundamentación de la suspensión del procedimiento, o aumentar la intervención del juez de la gestión pendiente); potenciar la declaración de inconstitucionalidad; entregarle nuevas atribuciones a propósito de la implementación de la nueva legislación sobre transferencia de competencias regionales; o eliminar la declaración de inconstitucionalidad de movimientos o partidos políticos (en desuso por lo demás).
Por otra parte, en materia de integración, junto con limitar los espacios de discrecionalidad, y potenciar la transparencia y la participación de la sociedad civil en los procesos de designación de ministros, se propone aumentar a 20 años la experiencia profesional o académica (destacada) de los candidatos; consagrar inhabilidades específicas respecto de quienes han participado de manera reciente en la actividad política, como también a quienes litigan ante el TC; regulaciones de post-empleo a los ministros que dejan el Tribunal; introducir directrices de equidad de género en su integración, y fortalecer el estatuto de responsabilidad, de implicancias y recusaciones.
La buena acogida que ha tenido este documento en diversos foros se debe tanto a lo plural de los integrantes como a que se trata de una reforma técnica integral, que descansa en un diagnóstico robusto basado en evidencia, la literatura nacional y comparada, y haber aquilatado la práctica constitucional posterior a la reforma constitucional de 2005. Con todo, creo también que esta propuesta tiene la virtud de recoger las diversas propuestas políticas y legislativas que se han discutido en el foro público en los últimos años, especialmente en el Congreso Nacional, y a diferencia de otras reformas que forman parte del llamado del Presidente de la República a un gran acuerdo nacional en materia de reformas institucionales, que requerirán de mayor trabajo y tiempo mientras decantan los acuerdos, respecto de la reforma al TC existe suficiente consenso para avanzar de manera más rápida y en paralelo, bajo el mismo espíritu que guía las políticas de Estado.
