Movido por los recientes acontecimientos referidos a la realidad educacional de nuestro país, el Consejo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile " elegido por el claustro de profesores" desea enfatizar algunos puntos centrales que debieran estar presentes en el debate público.
Libertad de enseñanza y subsidiariedad
Desde su fundación, la Pontificia Universidad Católica de Chile, y muy particularmente su Facultad de Derecho â€" la más antigua de la Universidad â€", se ha distinguido por una colaboración abundante y relevante en beneficio de los más altos propósitos de nuestro país, generando conocimiento de primera línea y formando a generaciones de alumnos que han aportado desde las más diversas esferas a la prosperidad de todos nuestros compatriotas y al bien público. De estos esfuerzos ha resultado beneficiada la totalidad de la Nación chilena, que ha encontrado en nuestra institución un faro poderoso en épocas de progreso, así como también en épocas de angustia
Nuestra Facultad de Derecho, en perfecta continuidad con su tradición, reafirma su compromiso esencial con la justicia y la paz, que suponen erradicar toda violencia e intransigencia en el diálogo social.
En esta misma línea, resulta indispensable subrayar que la libertad de enseñanza, sin la cual no hay verdadera libertad de conciencia, es un elemento esencial a todo Estado democrático, y una de las más preciosas conquistas de nuestra República. Ella permite el desarrollo más completo de los atributos espirituales y materiales propios al ser humano, propiciando un diálogo fecundo entre posiciones que, diversas, están llamadas a la convergencia en aras del bien común, impidiendo la introducción de un pensamiento único u oficial que tan perniciosas consecuencias ha engendrado a lo largo de la historia.
En este contexto, la subsidiariedad del Estado aparece como un principio esencial de la protección de las garantías fundamentales de todos los chilenos, y de amparo frente a los atropellos que el estatismo ha originado, sin excepción alguna, en el mundo entero. En razón de este principio, el Estado tiene un doble deber: por una parte, respetar la primacía de la persona humana y su dignidad trascendente, lo que implica respetar el campo de su autonomía específica así como el de sus cuerpos intermedios; y por otra, otorgar su ayuda cuando ciertas necesidades públicas estén siendo insuficientemente satisfechas por la iniciativa privada.
Por ello es que nos parece oportuno sostener claramente que, en un debate en que las discriminaciones injustas pretenden ser erradicadas de la educación chilena, no es ni conveniente ni justificable conculcar la libertad de enseñanza por la vía de establecer discriminaciones en el trato que el Estado otorga a instituciones que, conjuntamente, convergen para beneficiar el desarrollo intelectual de Chile y propiciar el bienestar de todos nuestros compatriotas.
No cabe ninguna duda de que el financiamiento otorgado debe atender a la excelencia de la educación impartida en las instituciones que sean destinatarias de él, pero, cumplido un estándar mínimo, todas debieran ser tratadas por el Estado en igualdad de condiciones, por cuanto todas " públicas, privadas, laicas o confesionales " están colaborando con la finalidad de entregar una educación correspondiente a la calidad exigida por la ley.
Igualdad de oportunidades y organización de las instituciones
Es menester subrayar con claridad que la defensa de los valores republicanos no ha provenido exclusivamente de ninguna Universidad en particular, ni de ningún tipo de universidades en particular, sino que del conjunto de instituciones, públicas o privadas, que con su actividad incesante han podido configurar una situación inédita en la historia de Chile, por cuanto un número jamás antes imaginado de estudiantes ha recibido y está recibiendo una formación en la educación superior chilena.
Este aporte ha permitido promover la igualdad de oportunidades de quienes forman nuestra sociedad, transformándose en modeladores activos de la realidad actual de Chile, y seguirán siéndolo en el futuro, desde las diversas perspectivas que las instituciones de educación superior hoy les ofrecen. El mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos y de sus perspectivas futuras sería inimaginable sin la colaboración de todo el mundo universitario y de la enseñanza técnico-profesional.
Se ha apuntado al lucro como uno de los factores determinantes en las condiciones actuales de la educación superior. Nuestra posición es clara: el lucro se encuentra prohibido por la legislación actual para las universidades, y la ley debe ser cumplida.
En todo caso, y siempre bajo la lógica del respeto al principio de libre iniciativa de los particulares, consideramos que la ley podría llegar a autorizar el lucro de las instituciones universitarias, discusión que, por su carácter político, es de competencia del Congreso, órgano al que le corresponde en nuestro régimen republicano y representativo deliberar y decidir sobre la cuestión.
Paros y participación estudiantil
La interrupción de las actividades universitarias constituye una medida extrema que origina una grave alteración del funcionamiento de las instituciones de educación superior, repercutiendo muchas veces en perjuicio de los propios estudiantes. Además, como nos enseña la experiencia, estas movilizaciones suelen culminar con serios daños humanos y materiales que ninguna relación tienen con los supuestos que las habrían motivado.
En consecuencia, sostenemos con decisión que los paros o tomas acordados por los alumnos no obligan y no pueden obligar, ni a las Universidades, ni a las Facultades, ni a los profesores que en ellas se desempeñan. La continuidad de la actividad académica es un deber al que nos llama nuestra vocación de promover el bien común.
Finalmente, en cuanto a la participación de los estudiantes en la dirección de la Universidad, si bien es importante contar con su voz organizada, queremos advertir el peligro que conlleva el llamado cogobierno triestamental para el cumplimiento de los fines propios de las instituciones educacionales. En nuestra historia reciente esta experiencia degeneró en resultados empíricamente nefastos para la vida académica, instalando las lógicas partidistas en el lugar donde debía reinar la búsqueda de la verdad.
Roberto Guerrero V. Decano
Carlos Frontaura R. Vicedecano
Enrique Alcalde R. Consejero
Mario Correa B. Consejero
Raúl Lecaros Z. Consejero Gonzalo Rojas S. Consejero
José Pedro Silva P. Consejero Alejandro Vergara B. Consejero
Carlos Villarroel B. Consejero Gabriel Bocksang H. Secr. Académico
