Esta ley es resultado de un largo camino comenzado durante el primer gobierno del Presidente Piñera, en el que participó activamente el Centro UC de la Familia a través de la profesora Domínguez.
El pasado 10 de noviembre, el Presidente de la República promulgó la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y que tiene por finalidad mejorar la eficacia del sistema de cumplimiento en el pago de pensiones alimenticias y alivianar la carga que actualmente tienen miles de mujeres que, además de mantener y cuidar a sus hijos, deben perseguir el pago de estas deudas.
A esta instancia fue invitada la profesora Carmen Domínguez, quien participó desde la génesis de esta proyecto, durante el primer mandato de Sebastián Piñera, oportunidad en que se registraba cerca de un 60% de deuda por este concepto en los registros del gobierno. Fue entonces que se le solicitó al Centro UC de la Familia la generación de un informe técnico en la materia y que culminó con la creación de un proyecto de ley que quedó estancado en el Senado en aquel entonces.
“La pandemia evidenció esta cruda realidad que viven miles de mujeres que deben sostener y criar a los hijos, en medio de una crisis sanitaria que es más difícil de sobrellevar sin la presencia paterna y el incumplimiento de su obligación de alimentos hacia los hijos”, explicó la académica que, en medio de este panorama, se motivó a insistir en la promulgación de esta ley.
De esta forma, el proyecto fue retomado y la profesora Domínguez fue invitada a integrar una Comisión Técnica, junto al profesor Cristián Lepin, de la Universidad de Chile, lo que se tradujo en la promulgación de esta ley. “Fue un esfuerzo muy bonito entre los tres poderes del estado y la academia para fijar las bases de este proyecto que luego el gobierno mandó, se tramitó, en que además me invitaron a exponer en la comisión de mujer del Senado, que finalmente culminó en esta reforma en que asesoré activamente al Ministerio de la Mujer”, afirmó la profesora de nuestra Facultad.
La nueva base de datos, que será administrada por el Registro Civil, dará cuenta de quienes adeuden tres mensualidades consecutivas o cinco discontinuas, exponiéndose a sanciones de carácter patrimonial que afectarán créditos, devoluciones de impuestos, compraventa de vehículos e inmuebles y remuneraciones, además de licencias de conducir y pasaportes.
“Es muy emocionante para mí, como persona, como representante de la academia, de la Universidad y del Centro UC de la Familia, el haber participado en todo este proceso que logró este resultado que, en definitiva, va en ayuda de los niños y las madres de estos, quienes no estaban recibiendo la pensión alimenticia que les estaba establecida por ley”, sentenció la académica.
